• El año 2018 fue el primero, desde 2014, en el que la evolución salarial ha sido acorde a la etapa expansiva. Sin embargo, persisten y aumentan las desigualdades salariales a consecuencia de la precariedad laboral.

• El salario medio del 10% de personas asalariadas con mayores retribuciones es diez veces superior al obtenido por el 10% con peores salarios. Algo que apenas ha variados desde hace tres años.

• La brecha salarial entre hombres y mujeres aumentó del 20,2% al 21% y se mantienen las elevadas diferencias por tipo de contrato y jornada: los temporales ganaron un 35,1% menos que los indefinidos, y el salario de quienes tienen jornada parcial ha sido un 65,7% inferior a quienes trabajan a jornada completa.

• Ante estos datos, UGT defiende la subida del salario mínimo en 2020 hasta alcanzar 1.000 euros mensuales (por 14 pagas), una renta laboral básica cuya subida, en 2019, no ha tenido impacto negativo relevante sobre la creación de empleo.

El INE publicó el 8 de noviembre los datos para 2018 de la explotación de Salarios en el empleo principal de la Encuesta de Población Activa. Esta fuente permite observar la evolución de las retribuciones para cada decil de población por ingresos, cruzada con muchas de las variables básicas de la EPA.

Las cifras del pasado año muestran que, por primera vez desde 2007, todos los deciles de trabajadores y trabajadoras vieron cómo sus salarios nominales aumentaban. El aumento estimado para el salario medio total fue del 2,9%, el mayor desde 2008, situándose en 1.944,42 euros. Esto habría permitido que los salarios ganaran 1,2 puntos de poder de compra en 2018, puesto que el aumento medio del IPC en el año fue del 1,7%, y se trataría del primer año de la presente etapa expansiva (que comienza en 2014) en el que la evolución salarial ha sido acorde a la misma.

No obstante, los datos de la EPA reflejan que no se reducen algunas de las desigualdades estructurales de nuestro mercado laboral en materia salarial, e incluso algunas aumentan. Así sucedió en 2018 con la brecha salarial de la mujer, que creció por segundo año consecutivo, pasando del 20,2% al 21%. Una situación insostenible, que subraya la urgencia de adoptar Planes de Igualdad en todas las empresas, y de aprobar una Ley de Igualdad Salarial que aborde esta cuestión de manera determinante.

También se mantienen muy elevadas las diferencias salariales por tipo de contrato y jornada: los temporales ganan un 35,1% menos que los indefinidos, y el salario de quienes tienen jornada parcial es un 65,7% inferior a quienes trabajan a jornada completa, mostrando cómo la precariedad laboral es fuente fundamental de desigualdad económica y social.

A pesar de la mejoría apuntada por los salarios, y del notable aumento del salario mínimo legal que se registró tanto en 2017 (8%) como en 2018 (4%), la dispersión salarial no se redujo en 2018. Así, el salario medio del 10% de personas asalariadas con mayores retribuciones es diez veces superior al obtenido por el 10% con peores salarios. Tras alcanzar la ratio más elevada en 2015 (11,4 veces), en los últimos tres ejercicios apenas ha variado, y sigue estando 2,7 veces por encima de la proporción que existía en 2007, antes de la Gran Recesión.

Una visión con perspectiva desde 2009 muestra cómo han sido las personas asalariadas de los estratos retributivos más bajos las que han sufrido una mayor pérdida. Si se observan las variaciones salariales nominales acumuladas hasta 2018, solo las personas situadas en el primer decil vieron cómo sus salarios caían (-3,2%), mientras que en los demás deciles crecían (en el que más, en el decil 10, el de mayores retribuciones, un 9,8%). Al descontar la inflación, no obstante, se aprecia que los salarios reales cayeron en todos los deciles, perdiendo de manera generalizada poder de compra. Pero esta caída fue inversamente proporcional al nivel salarial (mayor en los menores), castigando a lo que están en el primer decil con una pérdida de poder adquisitivo del 12,3%.

En este contexto, el aumento del salario mínimo en 2020 hasta alcanzar 1.000 euros mensuales (con catorce pagas), como reclama UGT, resulta una actuación necesaria, una vez constatado que los aumentos de esta renta laboral básica (y en especial, la subida hasta 900 euros realizada en 2019) no han tenido impacto negativo relevante en términos agregados sobre la creación de empleo.