​Los datos de la Encuesta Trimestral de Coste laboral, correspondientes al segundo trimestre de 2016, ratifican que los salarios siguen prácticamente congelados, a pesar de que desde 2014 se registran aumentos de la producción, de las ventas de las empresas y de sus beneficios. La crisis ha pasado para la mayoría de las empresas, pero no para los trabajadores, que ven como éstas pagan 10,7 euros menos por cada trabajador que en 2011 y cotizan un 0,5% menos que hace un año por cada empleado, mientras que las bonificaciones o subvenciones han subido un 5,8%. Se está produciendo una devaluación salarial, una devaluación del empleo, del modelo productivo y de nuestro modelo social en su conjunto. Este modelo está agotado y es incompatible con el crecimiento económico, por lo que UGT va a reclamar en las negociaciones con las organizaciones empresariales aumentos salariales que supongan el aumento del poder adquisitivo de los salarios, el reparto justo de los beneficios y el impulso definitivo al crecimiento económico en nuestro país.

Los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del segundo trimestre de 2016 ratifican que los salarios siguen prácticamente congelados, a pesar de que estamos en una fase expansiva desde 2014 que registra aumentos de la producción, de las ventas de las empresas y de sus beneficios. La crisis pasó hace años para la mayoría de las empresas, pero continúa instalada en los hogares de los más de 15 millones de asalariados, que están viendo cómo aumenta la precariedad de su empleo y cómo sus salarios siguen sin crecer, después de sufrir una fortísima caída en los años anteriores.

El coste laboral mensual cayó un 0,1% respecto al existente hace un año. Es decir, ahora las empresas pagan menos por cada trabajador que antes. En realidad, pagan menos ahora que en 2011: cada trabajador le cuesta ahora 10,7 euros menos al mes que hace cinco años.

Por su parte, los costes estrictamente salariales aumentaron tan solo una décima en el segundo trimestre respecto al mismo trimestre del año anterior, y son solo 4,2 euros más altos que en 2011, lo que supone que han crecido el equivalente a 80 céntimos AL AÑO. Es decir, los salarios están congelados.

Eso es lo que se llama devaluación salarial, que no es sino una devaluación del empleo, cada vez más precario y de peor calidad; una devaluación de nuestro modelo productivo, cada vez más escorado hacia un modelo competitivo basado en producciones de bajo valor añadido y empleos de mala calidad; y una devaluación de nuestro modelo social, que no genera ingresos suficientes para dotar las políticas públicas que requieren los ciudadanos y que caracterizan un Estado avanzado económica y socialmente. Este es un modelo de crecimiento agotado, incompatible con el desarrollo económico que debería exigírsele a la cuarta potencia europea. Por eso España está a la cabeza de Europa en niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social.

Mientras, las empresas cada vez aportan menos a la Seguridad Social, debido a las ineficaces tarifas planas y reducciones de cotizaciones de todo tipo de las que se benefician, que no están sirviendo para crear empleo estable y duradero, pero que están contribuyendo a aumentar el agujero presupuestario de la Seguridad Social. En el segundo trimestre de 2016, mientras el empleo asalariado crece el 2,9% (datos de la EPA), las cotizaciones obligatorias que pagan las empresas por cada trabajador han caído el 0,5 respecto de hace un año, y las bonificaciones y subvenciones a la contratación que perciben han aumentado un 5,8% en el mismo período, y un 40% en los últimos dos años, reduciendo por esta vía indirecta sus costes laborales.

En definitiva, se está produciendo un flagrante trasvase de rentas de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país a las empresas. La devaluación salarial tiene que terminar, porque está lastrando el crecimiento económico, la creación de empleo de calidad y la mejora de la calidad de vida de la mayoría de la población, que es la clase trabajadora. A los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país de nada les sirve que crezca el PIB si eso no se traduce en una mejora de sus rentas familiares, de sus capacidades para consumir y para ahorrar; en definitiva, si no mejora su calidad de vida y sus expectativas de vida. Y eso es lo que está pasando en la actualidad.

Por eso los sindicatos vamos a reclamar en la negociación colectiva de 2017 aumentos salariales que supongan nítidas ganancias de poder de compra para los trabajadores y las trabajadoras, recuperando el poder adquisitivo perdido durante los años de crisis y situando el reparto de los beneficios del crecimiento actual en un nivel más justo, que repercuta favorablemente sobre todos: sobre las empresas, permitiendo que ganen competitividad y obtengan beneficios que puedan dedicarse a elevar la inversión productiva generadora de empleos de calidad; al sector público, obteniendo más ingresos para que pueda reducir el déficit y dotar adecuadamente las políticas que sostienen el estado de bienestar; y a los trabajadores y trabajadoras, mejorando su capacidad económica para que puedan prosperar y salir definitivamente del pozo en el que les ha sumido la crisis económica y las nefastas políticas de austeridad extrema aplicadas desde 2010.