"Una nueva legislación no va a poder cambiar las repercusiones que las sentencias de la UE tienen para los trabajadores y los derechos, a los que hubiere lugar como consecuencia de ello, se van a tener que pagar, al margen del informe de los expertos" que designarán sindicatos, patronal y gobierno para evaluar el alcance de las sentencias, ha señalado el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, al término de la reunión que ha mantenido en el Ministerio de Empleo. "Son derechos de los trabajadores", ha añadido, "otra cosa sería que voluntariamente, por un cambio de legislación, las empresas o la propia administración pague o adelante las consecuencias de la no aplicación de la legislación europea".

A juicio de Álvarez es el gobierno el que tiene que tomar la iniciativa, "en el momento en que haya gobierno, y sería bueno que hubiera un amplio diálogo social y un acuerdo entre los agentes económicos y sociales".

El Secretario General de UGT ha enmarcado esta reunión con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el Secretario General de CCOO, Ignacio Fernandez Toxo, y los presidentes de CEOE y CEPYME, Juan Rosell y Antonio Garamendi, el entorno de "retomar" el diálogo social "algo que me parece que es positivo y que espero que avance en la futura legislatura".

Pepe Álvarez ha apostado por un debate y un acuerdo sobre protección a los parados de larga duración, sobre todo de los mayores de 55 años,  al igual en materia de desempleo juvenil, "un drama importantísimo sobre el que habría que hablar más allá de la garantía juvenil, sobre el que tenemos que realizar una evaluación conjunta tras conocer los datos que tiene el ministerio y extraer las consecuencias necesarias".