​UGT considera que negar el problema de la distribución y redistribución de la renta con el enorme aumento de la desigualdad que se ha producido en nuestro país gracias a las políticas de recortes refleja una falta de consideración hacia la ciudadanía.

El sindicato recuerda que como consecuencia de la reforma laboral se ha producido una profunda devaluación salarial con un descenso de los salarios reales de 2011 a 2014 de 4,2 puntos porcentuales y una caída de la renta media de los hogares entre estos mismos años de un 7,3% -situando la población en riesgo de pobreza en el 29,2%-.

La competitividad y la redistribución de la renta no son incompatibles y España lo que tiene es un gravísimo problema de rentas que se produce en la distribución primaria, con salarios de miseria en el acceso al mercado de trabajo y con el intercambio de empleos decentes por precariedad, y que se desarrolla en la redistribución, con un sistema fiscal injusto, que renuncia a perseguir las grandes bolsas de fraude, aprueba amnistías fiscales y cuyas modificaciones en esta legislatura no ha hecho más que acentuar las diferencias.

En plena campaña electoral, y como defensa de la política practicada por el gobierno, y que ha llevado a nuestro país a un incremento de la desigualdad sorprendente, el director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno ha descubierto la competitividad a ratos de nuestra economía, que se refleja en el déficit de la balanza de pagos, y ha manifestado que la redistribución de la renta y la riqueza no es la prioridad.

En primer lugar, la competitividad y la redistribución de la renta no son incompatibles, ni van una detrás de otra. De hecho, los países más competitivos suelen ser también los más igualitarios.

Negar el problema de la distribución y redistribución de la renta, con el enorme aumento de la desigualdad que se ha producido en nuestro país gracias a las políticas gubernamentales dirigidas a ampliar los efectos derivados de la crisis en este sentido, refleja una gran falta de consideración hacia la ciudadanía. Y contraponerlo a un problema de competitividad supone no tener claro el concepto.

Desde el inicio de la crisis, que ha sido internacional, aunque el gobierno se crea otra cosa, los países desarrollados han pasado por diversas fases del ciclo económico. En Europa, y concretamente en España, tras una tímida recuperación en 2010 y principios de 2011, fruto de las políticas expansivas aplicadas en los dos ejercicios anteriores, se produjo una recaída que provocó caídas del PIB durante diez trimestres seguidos. Es la constatación del fracaso de las políticas de austeridad extrema.

El PIB señala una mejora de la actividad, que a España llega tarde, comparada con los países de nuestro entorno y queda marcada por el daño irreparable sufrido por el mercado de trabajo, en términos de precariedad, empleo y desprotección; por la extensión de las desigualdades, y la vuelta a un modelo productivo cortoplacista, basado en actividades de escaso valor añadido, que no será capaz de competir en el entorno internacional.

La ganancia de competitividad registrada en Europa ha sido debida a la evolución del euro frente al dólar y la caída de los precios del petróleo, que junto a la política expansiva del Banco Central Europeo, han permitido un respiro a las economías europeas. Es decir, a factores externos no controlables por la política nacional. Además, aunque ha vuelto el crecimiento, la crisis sigue presente de manera muy intensa.

El problema más grave de España es el desempleo y el crecimiento no está dando lugar a una mejora suficiente del volumen de empleo, sino a un cambio de empleos decentes por empleos precarios, con un incremento del tiempo parcial no voluntario y de los trabajadores en situación de pobreza. Hay menos empleo que al principio de la legislatura y las condiciones del poco que hay son mucho peores.

Se ha producido una profunda devaluación salarial como resultado de la reforma laboral de 2012, con un descenso de los salarios reales de 2011 a 2014 de 4,2 puntos porcentuales, aunque el director de la Oficina Económica de la Presidencia afirme que no descienden, sino que crecen menos, como ya hizo en su momento el señor Montoro.

Pero claro, también es parte del mismo gobierno que afirma que la factura eléctrica ha bajado. Lo cierto es que la renta media de los hogares ha caído entre 2011 y 2014 un 7,3%; y la población en riesgo de pobreza alcanza el 29,2%, 2,5 puntos más que en 2011.
Esta devaluación salarial no se ha reflejado en un incremento de la competitividad, sino que ha supuesto un trasvase de rentas de los trabajadores a las empresas.

En definitiva, España tiene un gravísimo problema de rentas, que se produce en la distribución primaria, con salarios de miseria en el acceso al mercado de trabajo y con intercambio de empleos decentes por precariedad, y que se produce en la redistribución, con un sistema fiscal injusto, tanto de partida como en la renuncia a perseguir las grandes bolsas de fraude y en la aprobación insensata de amnistías fiscales, y cuya reforma por este gobierno no ha hecho más que acentuar las diferencias de trato entre las distintas fuentes en los impuestos directos y reducir la carga a los más ricos, y a través de un gasto público que se ha visto sensiblemente recortado en prestaciones por desempleo, que ha reducido hasta el ridículo los incrementos de las pensiones, gastándose en paralelo el Fondo de Reserva mientras se bonifican sin sentido las cotizaciones sociales, y que mantiene injustamente congelados el salario mínimo y el IPREM.

Para el señor Nadal, además, la próxima legislatura deberá rebajar cotizaciones, más, que junto con la promesa electoral del señor Rajoy de eliminar el IRPF para algunos contribuyentes, curiosamente no los peor tratados, dará al traste con los ingresos necesarios para sostener el estado de bienestar, y defiende tres reformas prioritarias, una de ellas, la formación y la educación, lo que supone reconocer que la incapacidad de la LOMCE para mejorar nuestro sistema educativo.

Pero además, es que el señor Nadal se queja de que cuando gobiernan otros les ningunean y no tienen ningún peso en la toma de decisiones.

Esto lo afirma el gobierno que impuso la reforma laboral, cargándose un acuerdo bipartito de dos semanas antes; el que ha impuesto sus políticas con la técnica del rodillo y no solo las económicas; y que deja tras su paso la peor situación económica posible: un crecimiento débil, comprometido por la evolución de los precios y que no tiene reflejo adecuado en el empleo; un estado de bienestar recortado, que no atiende las necesidades de las personas, una protección social mermada, que ha dado lugar al mayor incremento de las desigualdades, un déficit público que en ningún ejercicio ha sido capaz de alcanzar los objetivos propuestos, una deuda enorme, que lastra nuestra economía y, como corolario, un Presupuesto cuestionado por todo el mundo, que marca la política que tiene que hacer el próximo gobierno.

Y junto a ello, una estructura productiva que tiene cada vez menor peso de la industria, mientras nos venden el intenso crecimiento del turismo, sin tener en cuenta los efectos de la situación geopolítica y la evolución del euro sobre este crecimiento. Es decir, una estructura productiva cada vez menos competitiva.