​UGT considera que, más allá de algunas propuestas puntuales, como frenar el ajuste salarial y cambiar el régimen fiscal de la SICAV, algo que el sindicato comparte, la OCDE vuelve a errar en sus recomendaciones y en su aplauso a las reformas del Gobierno del PP, como la del mercado del trabajo, que ha provocado más desempleo y un deterioro alarmante de las condiciones laborales. El sindicato considera que, para que la recuperación sea una realidad para los ciudadanos, es necesario un cambio global de la política económica aplicada en Europa y en España. Exige, entre otras cosas, una relajación y redefinición de los criterios de consolidación fiscal, un plan de inversiones a nivel europeo, una reforma fiscal más justa y eficaz, revertir la reforma laboral de 2012, reforzar las políticas activas de empleo, una extensión extraordinaria de la protección por desempleo, reforzar los sistemas públicos básicos del Estado de Bienestar, base del cambio de modelo productivo, y que los salarios recuperen poder de compra. El Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, que han suscrito los interlocutores sociales y el Gobierno, y que ahora toca desarrollar sin demora, debe convertirse en una oportunidad para dar un giro en la política económica que se está aplicando en nuestro país.

El informe de la OCDE sobre la economía española que está presentando estos días en nuestro país ofrece luces y sombras a juicio de UGT, tanto en el diagnóstico como en las propuestas que realiza, pero en conjunto no recoge de forma adecuada el cambio de estrategia que para el Sindicato debe guiar la salida de la crisis, e insiste en algunas actuaciones que consideramos incompatibles con la reactivación de la actividad y el empleo y con el imprescindible fortalecimiento de nuestro Estado de bienestar.

De entrada, el informe y las declaraciones del Secretario General de la Organización, Ángel Gurría, se esfuerzan en avalar las reformas llevadas a cabo en estos últimos años por el gobierno de Mariano Rajoy, que para UGT han sido tremendamente desafortunadas y han contribuido esencialmente al agravamiento de los efectos de la crisis sobre las personas y han conllevado una lamentable pérdida de derechos de los ciudadanos. La incipiente mejora de los datos de actividad y empleo en nuestro país no se debe a las reformas aplicadas, sino esencialmente a tres cuestiones ajenas a las mismas: la mejora económica de la zona euro (que ahora parece marchitarse, lo que supone una amenaza muy importante); el cambio de estrategia del Banco Central Europea, que ha pasado a apoyar progresivamente pero de forma decidida una política monetaria expansiva para reactivar el crédito y la demanda; y la moderación de los precios del barril de petróleo, que no ha introducido tensiones inflacionistas.

Por supuesto que hay que hacer reformas, como ha insistido el Sr. Gurría; también hay que acertar con las mismas, de modo que sirvan para fortalecer las capacidades de desarrollo del país y eliminar o reducir sus problemas estructurales. Y hasta ahora, las instituciones europeas, la OCDE, el FMI y el Gobierno de España llevan cuatro años equivocándose.

La reforma laboral de 2012 y sus sucesivas vueltas de tuerca han conformado un modelo de relaciones laborales más desequilibrado e ineficiente, con menos derechos para los trabajadores, con mayor poder de decisión empresarial, y que se centra en la promoción de empleo precario, temporal y a tiempo parcial. Sin empleo estable y de calidad no se podrá realizar el cambio de modelo productivo que requiere nuestra economía, y la mejora de las cifras estadísticas de crecimiento del PIB y del empleo apenas si repercutirá en una mejora del nivel de desarrollo económico y de la calidad de vida de las personas, objetivos últimos de la reactivación.

Por su parte, ni la reforma fiscal que ha aprobado el Gobierno y que ahora está tramitando en el Parlamento, ni la que propuso la Comisión de Expertos creada por el propio gobierno, ni la que parece defender la OCDE son las que necesita España. Desde UGT no apoyamos la subida de los impuestos indirectos (como el IVA) y la bajada de las cotizaciones sociales. El hecho de que sea una tendencia mayoritaria en los países desarrollados no resulta un argumento de peso; también ha sido tendencia mayoritaria en esos países e instituciones la estrategia de recortes y austeridad a ultranza desde 2010 y ha hundido las economías de muchos países de la zona euro y ha generado niveles de pobreza y desigualdad desconocidos desde hace décadas.

Una nueva subida del IVA, cuando la reactivación aún no se ha consolidado, volvería a castigar la demanda de las familias, que aún está bajo mínimos, intentando reducir su elevado endeudamiento. Además, UGT insiste en que reduciría el grado de progresividad del sistema, pieza clave de la justicia recaudatoria (pagar proporcionalmente más conforme aumenta la capacidad de pago del contribuyente). Un impacto similar tendría el paso de artículos del tipo del IVA reducido al normal, más intenso además sobre las capas más desfavorecidas de la población (si bien la OCDE apunta la posibilidad de paliar ese negativo impacto con medidas específicas sobre los que tienen menores ingresos).

• una relajación y redefinición de los criterios de consolidación fiscal en Europa; la puesta en práctica de un potente plan de inversiones a nivel europeo;

• una reforma fiscal que aumente la recaudación y el grado de justicia del sistema;

• la reversión de la reforma laboral de 2012 y la puesta en marcha de medidas consensuadas para elevar la estabilidad y calidad del empleo y lograr una negociación colectiva más eficiente;

• el reforzamiento de las políticas activas de empleo para reducir el paro de larga duración y el que afecta a los colectivos con especiales dificultades de inserción;

• la extensión extraordinaria de la protección por desempleo para sostener la renta de esas personas con especiales dificultades;

• el reforzamiento de los sistemas públicos básicos del estado de bienestar, base además del cambio de modelo productivo (sanidad y educación);

• la puesta en marcha de una política salarial que permita a los salarios ganar poder de compra, tanto en el ámbito privado como público.