El Tribunal Constitucional avala la postura de UGT

• UGT valora la sentencia del Tribunal Constitucional y que se revierte una situación injusta que perjudicaba a los desempleados mayores de 55 años, pero hay que ir más allá.
   
• El sindicato exige derogar la reforma de 2012, para que vuelva a situarse la edad de percepción del subsidio de mayores en 52 años y no en 55; subir al 125% del SMI la cotización a la Seguridad Social (tal y como era antes de la reforma del PP, para que la pensión no se vea recortada por el periodo en desempleo previo a la jubilación) y eliminar la jubilación forzosa a los 61 años para los desempleados que cobran este subsidio y que cercena aún más su pensión.

Declarados inconstitucionales los preceptos del Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, en los que se establecía un requisito de rentas destinado a excluir a miles de desempleados mayores de 55 años, UGT se felicita por la sentencia del Tribunal Constitucional, publicada en el BOE el pasado sábado, porque, aunque la inconstitucionalidad se refiere a la incorrecta y abusiva utilización por el Gobierno del PP de la fórmula del Decreto Ley, afecta a una cuestión de justicia social que el sindicato había denunciado reiteradamente.

En consecuencia, la Sentencia invalida la norma que imponía una desmesurada carencia de rentas familiares para poder percibir el subsidio a los mayores de 55 años y repone el derecho en las condiciones precedentes (carencia de rentas personales).

Mari Carmen Barrera, Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social celebra esta Sentencia que anula la norma que excluía de la percepción del subsidio de mayores de 55 años a miles de trabajadores cuando el cónyuge o un hijo trabajase, aunque su salario fuera muy reducido, al exigir carencia de rentas familiares, y no solo individuales. Esta restricción fue impuesta por el anterior Gobierno del PP y empobrecía más a estas trabajadoras y trabajadores expulsándoles no solo del derecho al subsidio por desempleo y a la compensación de la pérdida del salario, sino sustrayéndoles la posibilidad de que se cotizara para la pensión y condenándoles con ello a una futura jubilación en condiciones de pobreza, arruinando en buena parte su carrera de cotización y sus derechos después de una larga vida laboral.

“La sentencia da una respuesta contundente a este colectivo que son los más damnificados por la reforma laboral y por los recortes del gobierno del PP”, ha señalado Barrera. Antes de 2012, podían acceder los mayores de 52 años y solo se computaban los ingresos del solicitante de la ayuda, a partir de ese año pasaron a computar el conjunto de las rentas de la unidad familiar.

Revertir la situación injusta

En ambos casos el baremo se estableció en un 75% del salario mínimo interprofesional (SMI). Es decir, en una unidad familiar compuesta por una persona desempleada y su cónyuge, se pierde el derecho al subsidio si los ingresos de esa unidad familiar sobrepasan los 1.060 euros mensuales aproximadamente.

UGT ha reclamado reiteradamente al anterior Gobierno que volviera a la situación anterior a la reforma de 2013, es decir, que computarán, a la hora de optar al subsidio, solo los ingresos del solicitante, y no los de la unidad familiar, con el objetivo de impedir la reducción del número de beneficiarios de esta ayuda, arbitrada desde hace décadas ante la dificultad de que las empresas contraten a personas en esta franja de edad.

Además ha exigido derogar la reforma el RD 20/2012 de 13 de Julio, del Gobierno del PP, para que vuelva a situarse la edad de percepción del subsidio de mayores en 52 años y no en 55;subir al 125% del SMI la cotización a la Seguridad Social, tal y como era antes de la reforma del PP, para que la pensión no se vea recortada por el periodo en desempleo previo a la jubilación; y eliminar la jubilación forzosa a los 61 años para los desempleados que cobran este subsidio y que cercena aún más su pensión.

De los 3,4 millones de parados registrados en 2017, el 23%, uno de cada cuatro, tiene más de 55 años. Y 240.605 desempleados mayores de 55 años están fuera de cualquier sistema de protección, ya sea contributiva, asistencial, RAI o PAE. A esto se le suman, las miles de personas inactivas que deciden no continuar en las listas de los Servicios Públicos de Empleo, al no estar percibiendo ni prestación ni servicios de empleo.