Mucho se ha avanzado desde que, allá por los años 50 del pasado siglo, se comenzase a hablar del consumidor como sujeto de derechos y surgiese un incipiente movimiento consumista que aquí en nuestro país llegaría más tarde, pero queda camino por recorrer. El Día Mundial de los Derechos de los Consumidores es una jornada reivindicativa en la que los ciudadanos en general y los trabajadores en particular, demandamos nuestros derechos como consumidores. Unos derechos que no son estáticos sino dinámicos, en consonancia con los tiempos que nos toca vivir y luchar.

La Unión General de Trabajadores quiere aprovechar esta jornada para hacer un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras en su condición de consumidores y recordarles que tienen derechos que les protegen y que deben ejercitarlos y reconocer con ello la relevancia social que dicha protección tiene como instrumento al servicio de un desarrollo económico y social justo, equitativo y sostenible en el tiempo.

Las decisiones de consumo de los trabajadores y trabajadoras se han visto modificadas tras las pérdidas de poder adquisitivo de los salarios, las pensiones y las prestaciones sociales y debido a que el empleo que se genera está mal remunerado y es de muy baja calidad. Por ello el sindicato considera que es absolutamente necesario mejorar el poder adquisitivo de los salarios para garantizar un crecimiento económico sostenible, una mayor renta disponible y con ello reducir las desigualdades sociales y la pobreza.

Nuestros gobernantes, parecen ir a remolque en materias de protección al consumidor,  teniendo que ser los tribunales de justicia quienes a través de sus sentencias reconozcan y amparen esta materia: cláusulas suelo, vencimiento anticipado de las hipotecas, plusvalías, devolución de los gastos hipotecarios…etc. Está teniendo que ser el poder judicial el que está respondiendo a las demandas de la sociedad, no el Gobierno.

UGT subraya que resulta primordial que se implementen medidas legislativas que fomenten beneficios sociales desde el consumo para la población más desfavorecida, tales como la supresión de comisiones y gastos bancarios para aquellas familias y trabajadores que perciban una pensión o prestación de naturaleza no contributiva o asistencial o bien el que se aplique un IVA superreducido (4%) para productos de higiene íntima femenina o en los pañales de bebés, entre otras. 

El sindicato entiende que es el momento de reivindicar una política específica y diferenciada para el consumo y demanda que esta materia deje de depender únicamente del Ministerio de Sanidad, limitando esta materia al ámbito sanitario. El consumo es algo más, por eso UGT aboga por una política singularizada, con poder ejecutivo y más si tenemos en cuenta el volumen de reclamaciones (más de un millón) y los sectores económicos afectados (telecomunicaciones, consumo colaborativo, protección de datos, bancos, aseguradoras, compañías suministradoras de luz, agua, gas, etc.).

Hay que defender la presencia institucional de los agentes sociales en los órganos de representación de los Consejos de Consumidores, tanto a nivel estatal como en el conjunto de las comunidades autónomas y entidades locales, e impulsar los cambios normativos necesarios para reorganizar y redefinir el consumo y los nuevos hábitos de consumo, mediante políticas globales, teniendo las políticas de consumo carácter transversal dentro de las Administraciones Públicas y exigiendo de éstas una mayor implicación y coordinación.