​El BOE publicó el pasado 24 de junio el listado de 80 agencias de colocación para la inserción de los parados/as en el mercado laboral, a la vez que reduce un 50% la partida presupuestaria para la modernización de los Servicios Públicos de Empleo (SPE).

UGT y CCOO han hecho público un comunicado en el que denuncian el nuevo proceso de privatización de los servicios de inserción e intermediación que los SPE deben prestar a las personas desempleadas inscritas en los mismos. “La colaboración público-privada puede ser positiva, siempre que no suponga un recorte de los servicios públicos y su asfixia, para financiar a las entidades privadas”, critican UGT y CCOO.

Los sindicatos advierten que mientras se incrementa los recursos para financiar las agencias de colocación, la partida presupuestaria dirigida a la modernización de los SPE se reduce casi el 50% y en concreto, el presupuesto de las políticas activas disminuye un 30%. Conviene recordar, además, que el Gobierno prescindió de los 3.000 orientadores y promotores de empleo que trabajaban en los SPE para la inserción de personas desempleadas en el mercado de trabajo. “Estamos asistiendo al desmantelamiento de los SPE”, denuncian ambas organizaciones.

Para los sindicatos existe un riesgo al confiar a las agencias privadas un servicio público, pues el afán de lucro, que es consustancial a las entidades privadas, puede convertir a las personas desempleadas en mera mercancía. “El Estado debería ser garante de los objetivos generales de las políticas de empleo, y no un activo colaborador de la intervención privada, especialmente comprometida con la creciente precarización del mercado de trabajo”, precisan.

UGT y CCOO muestran su preocupación por la capacidad de las CCAA para suscribir sus propios convenios con las entidades privadas de colocación. Aunque como regla general se establece que el contrato tiene que ser de al menos seis meses a tiempo completo o de ocho meses si es fijo discontinuo, si el contrato fuese a tiempo parcial las CCAA podrán establecer minoraciones proporcionales al tiempo de trabajo. Igualmente las CCAA podrán decidir la inclusión de un pago por cada persona desempleada que se derive a las agencias de colocación, aunque no logre su inserción. “Nos tememos, afirman UGT y CCOO, que los colectivos que deriven los SPE a las agencias de colocación puedan ser prioritariamente personas en paro que estén cobrando algún tipo de prestación”.

Además, UGT y CCOO denuncian que se está utilizando la crisis económica como cortina de humo para enmascarar reformas estructurales con marcado carácter ideológico y para el desmantelamiento de los servicios públicos.​