Pepe Álvarez ha afirmado que “el pacto contiene elementos imprescindibles para avanzar, pero que es necesario ir más allá porque hay cuestiones que no resuelve”

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha intervenido en un acto sobre la reforma laboral, organizado por el PSOE de Madrid donde ha manifestado que “la reforma pactada es un acuerdo histórico imprescindible para el mantenimiento del Estado Social que devuelve el equilibrio a la negociación colectiva, toma medidas serias frente a la precariedad y avanza en la construcción de un modelo adecuado de iniciación para los jóvenes en el mercado laboral”.

Pepe Álvarez ha recordado que “la reforma de 2012 incrementó la precariedad, recortó salarios y aumentó la pobreza y la desigualdad y era necesario un cambio legislativo que frenara esto”. Por ello, ha insistido en que “es fundamental que salga adelante puesto que, de no llevarse a cabo nos encontraríamos ante un desastre social de graves consecuencias”.

“Es momento de que las fuerzas políticas con sentido común arrimen el hombro y no pongan obstáculos a una reforma que, tal vez no contenga todo lo necesario, pero sí elementos imprescindibles para avanzar. No podemos detendremos en este acuerdo porque hay cuestiones que esta reforma no resuelve” ha destacado.

“Además, es esencial abordar cuestiones como la regulación del despido colectivo endureciendo su causalización y volviendo a la autorización administrativa para evitar daños estratégicos al país como con Nissan o Alcoa; la regulación adecuada de los mecanismos de ajuste estructural de las empresas como el descuelgue de convenios, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, o el desarrollo del Código del becario previsto en este acuerdo para evitar situaciones de verdadera explotación”.

Un acuerdo que supone avances

Álvarez ha explicado que “la eliminación de la ultraactividad era una espada de Damocles sobre los negociadores y la erradicación de la prioridad del convenio de empresa supone mejoras claras en las condiciones laborales. También era fundamental tomar medidas como la eliminación del contrato por obra y servicio y el desarrollo de una normativa más restrictiva para el resto de los contratos temporales, así como el establecimiento de medidas sancionadoras más restrictivas (con multas de 1000 a 10.000 euros por contrato fraudulento, cuya eficacia dependerá de los medios de una Inspección de Trabajo que hay que reforzar)”.

“Además”, ha resaltado, “avances como el contrato de formación y el contrato para la obtención de la práctica profesional adecuada al correspondiente nivel de estudios, eso sí, el reto será asegurar el cumplimiento real de esta normativa” ha finalizado.