Ningún ciudadano debe quedar sin protección social pública
Fecha: 01 Jun 2014
El principal damnificado de las políticas de recortes y contrarreformas aprobadas por el Gobierno, con la complicidad de las instituciones financieras nacionales e internacionales y de las autoridades comunitarias, ha sido el empleo. Un elevado número de trabajadores han perdido su trabajo y se han degradado las condiciones de trabajo de la inmensa mayoría de los ocupados lo que ha creado una espiral imparable hacia el subempleo, la precariedad, la devaluación salarial y la pobreza. Por eso, ante el progresivo aumento de la desigualdad social y la marginalidad, y que muchos ciudadanos carezcan de recursos para atender sus necesidades básicas y las de sus familias, la Unión General de Trabajadores considera necesario actuar con urgencia en tres direcciones: tomando medidas para el mantenimiento del empleo y la mejora de las condiciones de trabajo, ampliando la protección por desempleo y reforzando el nivel asistencial de protección con el establecimiento de un sistema estatal de rentas mínimas.
De acuerdo a las últimas estadísticas europeas, España es el país, junto a Grecia, en el que más ha crecido la pobreza relativa, sobresaliendo en dos tramos de edad: el de menores de 18 años, con una tasa de prácticamente el 30% -sólo sobrepasada por Rumanía- y el de la población en edad de trabajar (de 16 a 64 años) con el 22,4% -sólo sobrepasada por Grecia-.
Esto muestra la insuficiencia de las prestaciones sociales especialmente las prestaciones dirigidas a compensar la pérdida de empleo y las dirigidas a las familias para proteger a los hijos a cargo pero también pone de manifiesto el frágil sistema de protección social ofrecido a través de los servicios sociales.
De las muchas anomalías que presenta nuestro sistema de servicios sociales en general y a las rentas mínimas en particular, los problemas más graves son las desigualdades territoriales y la ineficacia protectora de estas rentas en las CCAA cuyas condiciones de acceso se han venido restringiendo en los últimos años.
Según el Informe de rentas Mínimas de Inserción de 2012, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la práctica totalidad de las CCAA se aprecia una congelación de las cuantías mínimas y máximas además de un incremento de beneficiarios del 90% de 2008 a 2012, sin embargo la tasa de cobertura en la totalidad del Estado es del 4,60%
En estas circunstancias, UGT considera necesario actuar con urgencia en tres direcciones: tomando medidas para el mantenimiento del empleo y la mejora de las condiciones de trabajo, ampliando la protección por desempleo y el nivel asistencial de protección con el establecimiento de un sistema estatal de rentas mínimas.
1.- Mantenimiento del empleo y mejora de las condiciones de trabajo.
El sindicato ha puesto el empleo como principal objetivo de las políticas y propuestas incluidas en el documento aprobado con la Comisión Ejecutiva Confederal con el título “Hacia un nuevo modelo económico y social en España: mejor economía, más y mejor empleo, más calidad de vida”.
En este documento, el sindicato subraya la necesidad urgente de potenciar y reformar las políticas activas de empleo, de reforzar de forma coyuntural las prestaciones por desempleo –actualmente en caída libre ya que tan sólo 6 de cada 10 parados registrados tienen protección por desempleo- para aumentar su grado de protección tanto a nivel contributivo como asistencial y recuperar el nivel de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
Para disminuir las elevadas tasas de paro, es imprescindible, aprobar un verdadero “plan de empleo de choque” que implique también a las autoridades comunitarias, con recursos excepcionales para impulsar la contratación laboral y el empleo, especialmente, de los colectivos en peores condiciones como los parados de larga duración, los jóvenes o los trabajadores sin formación.
2.-Ampliación de la protección por desempleo.
Atendiendo a la realidad del elevado nivel de desempleo en nuestro país, la Unión General de Trabajadores considera necesario redefinir y ampliar la protección por desempleo actual.
En este sentido, el sindicato plantea, entre otras cosas, la simplificación del sistema de protección mediante la integración de las distintas modalidades en una única y básica prestación por desempleo - reduciendo así las dificultades de gestión y organización administrativa y facilitando la aplicación del derecho-, la necesidad de garantizar la suficiencia de las prestaciones –incrementando la cuantía de la percepción- y vincular la extensión de la protección por desempleo a la duración de la situación de necesidad.
3.- Mejorar el nivel asistencial de protección con el establecimiento de un sistema estatal de rentas mínimas.
La crisis y las políticas aplicadas han dañado gravemente el Estado de Bienestar y el resultado es un fuerte aumento de las desigualdades, los niveles de pobreza y la desprotección frente a situaciones de necesidad como enfermedades, pérdida de empleo o pérdida de recursos.
La corrección de estas situaciones es una prioridad para el sindicato, que apuesta por promover la revitalización de la intervención pública en la cobertura y prestación de servicios y garantías esenciales porque ningún ciudadano debe quedar sin protección social pública pero con las tasas de cobertura actuales, nos encontramos que colectivos con más necesidades, como son las personas que han agotado todas sus prestaciones, y con todos los miembros del hogar el paro, se quedan sin ningún tipo de prestación o ayuda para seguir subsistiendo.
Por eso, el sindicato propone un fortalecimiento de los sistemas básicos de protección social (prestaciones por desempleo, dependencia, asistencia social) y la promoción de un derecho subjetivo a la percepción de una renta mínima como medio de sostener los ingresos ante situaciones de necesidad de quienes se ven excluidos involuntariamente del mercado laboral y para corregir las graves desigualdades y el empobrecimiento creciente de las personas.
Para UGT el progreso económico y social, el desarrollo del Estado Social y democrático de Derecho, y la virtualidad del Estado de Bienestar, pasan, necesariamente por la creación y apuesta por un empleo de calidad y con derechos y por ello el sindicato exige un sistema legal que proteja suficientemente a los ciudadanos ante las situaciones de necesidad provocadas por la pérdida del empleo. Sin trabajo se impide el libre desarrollo personal y social y se ponen obstáculos a la cohesión económica y social y al reparto justo de la renta. Su defensa y promoción, y la garantía de recursos en cao de desempleo, deben ser, por tanto, la primera línea defensiva que desarrollar y el objetivo esencial que promover por el sindicato.