Mari Carmen Barrera reivindica la participación de los agentes sociales en la transición energética

La Secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera, ha intervenido en la reunión de la Sección Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía del Comité Económico y Social Europeo (CESE), presentando, como única ponente, el Dictamen del sindicato sobre “Política energética y mercado laboral: consecuencias para el empleo en las regiones en transición energética”.

Mari Carmen Barrera ha señalado que la UE “debe acelerar la transición hacia una energía limpia y reforzar la independencia energética de Europa puesto que los riesgos ambientales y energéticos debido a la dependencia de energías fósiles, afectan a las actividades económicas y al conjunto de las medidas políticas relacionadas, con un alto impacto en las regiones, sectores económicos, trabajadores y grupos de población más vulnerables, a través de diferentes maneras”. 

“Una transición exitosa incrementará el PIB (ciertos estudios lo estiman en un 5,6 % en 2050), los niveles de empleo (la OIT y la IRENA estiman que se multiplicarán por 4 los empleos creados respecto de los que se perderán), así como su calidad, dada la mayor cualificación que precisa” ha añadido. “Además, el abaratamiento de la energía a través de renovables mejorará los accesos a servicios y también la producción, creando más empleo. Un empleo más difícil de deslocalizar, beneficiando a muchas regiones, en especial aquellas con riesgo de despoblación”. 

“Sin embargo”, ha explicado, “preocupan los efectos negativos, económicos, ocupacionales y sociales que, a corto y medio plazo, está generando una transición energética, agravada por la situación actual (guerra en Ucracia, inflación descontrolada, problemas en las cadenas de suministros, etc.). El aumento de los precios de la energía ha afectado a los hogares más vulnerables, así como a muchas empresas repercutiendo en sus niveles de producción y empleo”. 

Diálogo Social y Negociación Colectiva

“Para paliar estos efectos es fundamental mayor integración en los marcos normativos y en las políticas ambientales y energéticas de las políticas de mercado de trabajo, incentivos al empleo de calidad; programas de recualificación profesional; políticas de bienestar social.. etc. cuya integración en el marco del plan de desarrollo del pilar europeo de derechos sociales, debe hacerse siempre a través del diálogo social y de la negociación colectiva”.

Barrera ha manifestado que “es necesario que la Comisión, el Parlamento, los Estados miembros y las regiones de la UE adopten medidas que faciliten un desarrollo más equilibrado territorial y socioeconómicamente implicando a los interlocutores sociales y a otras organizaciones de la sociedad civil en el diseño e implementación de las políticas de transición energética con alto valor añadido en términos de empleo y de protección social, así como en su seguimiento y evaluación”. 

“Pueden, por ejemplo, promoverse procesos de concertación y, en su caso de pactos sociales para garantizar una transición energética económica, laboral y socialmente justa y las grandes empresas y PYMES tienen un papel importante en el proceso con condiciones elevadas de promoción de empleo de calidad sostenible y de protección social, así como de garantía de acceso universal a los servicios energéticos”.