En línea con las reivindicaciones de UGT, señalan que la Ley no es suficiente y reclaman reconocer el derecho a la vivienda como derecho humano o mayor protección a los más vulnerables 

Las negociaciones sobre la Ley de Vivienda encaran su recta final, tras dos años de bloqueo. El 24 de enero se anunció la constitución de la ponencia de la norma en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, lo que supone el último paso antes de que el texto pase a ser discutido y debatido en el Pleno del Congreso.

El Gobierno espera aprobar el texto definitivo antes del mes de marzo, dando luz a la que sería la primera ley estatal de vivienda de la democracia y esta semana relatores especiales de la ONU han enviado una carta al Gobierno de España en la que avisan de que la Ley no es suficiente para garantizar de forma real y efectiva el derecho a la vivienda. 

Si bien los relatores alaban el esfuerzo del Gobierno por desarrollar una Ley necesaria, aunque con muchos años de retraso, en su carta demandan las áreas que se deben mejorar:

•    El derecho a la vivienda debe ser consagrado como un derecho humano.
•    La igualdad de trato y la no discriminación
•    Protección de grupos vulnerables
•    Derecho humano a una vivienda adecuada
•    Protección a las personas vulnerables frente a los desalojos
•    Establecer objetivos claros para ampliar progresivamente el muy limitado stock de viviendas sociales
•    Mejorar el sistema de contención de alquileres para que cubra todas las viviendas de alquiler en mercados estresados.

UGT demanda blindar la protección del derecho a la vivienda 

Unas reivindicaciones recogidas ya por la Iniciativa de la Ley de Vivienda de la que UGT es promotora y parte activa.

El sindicato defiende que la Ley por el Derecho a la Vivienda debe blindar, definitivamente, la protección de este Derecho Humano, paralizando e impidiendo los desahucios sin alternativa habitacional adecuada y asegurando un alojamiento en condiciones adecuadas como primera intervención social, lo cual implica ampliar el parque público de viviendas y regular el mercado de alquiler