Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) situó su tasa de variación anual en el mes de junio de 2014 en el 0,0%, una décima por debajo de la registrada en el mes anterior. Este descenso ha venido provocada por la confluencia del comportamiento de distintos grupos: el grupo de Alimentos y bebidas no alcohólicas, dada la rebaja de los precios de las frutas frescas, las patatas y sus preparados, los aceite y la carne de ave fresca, las legumbres y las hortalizas frescas, que aumentan menso que el año anterior; y el grupo de la Vivienda, como consecuencia de la caída de los precios de la electricidad, provocada por la devolución a los consumidores de la cantidad facturada en exceso en los seis primeros meses del año.

 

La inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se mantiene en el 0,0%, una décima por debajo del IPC general.

 

Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), la tasa de variación anual se ha situado en el 0,0%, dos décimas por debajo de la registrada el mes anterior. Mientras, la tasa de variación interanual del IPCA de la Zona Euro se mantiene en 0,5%. De este modo, la brecha entre el IPCA de España y el de la Zona Euro alcanza los cinco puntos porcentuales, con lo que los productos españoles siguen ganando competitividad exclusivamente vía precios.

 

 

Los últimos datos conocidos en la mañana de hoy, relativos al Índice de Precios de Consumo del mes de junio, nos mantienen en la incertidumbre sobre la recuperación económica, lejos del de las previsiones del Gobierno y de organismos como el Fondo Monetario Internacional o la Comisión Europea. Hoy por hoy, este escenario se sigue caracterizando por un muy débil crecimiento de la actividad económica y un insostenible nivel de desempleo, además del riesgo persistente de un exiguo crecimiento de los precios, con las consecuencias perjudiciales que de ello se deriva para cualquier economía, tanto en términos de actividad económica y financiera, como en términos de empleo.

 

Esta situación se ha puesto de nuevo de manifiesto en los últimos datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial 2012 publicados el pasado 25 de junio, y que alertan sobre varios hechos. Según estos resultados, la ganancia media anual por trabajador fue de 22.726,44 euros en 2012, un 0,8% inferior a la de 2011; en relación al porcentaje de trabajadores en función de su ganancia con respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el mayor número de trabajadores se agrupa entre 0 y 4 veces el SMI. Además el porcentaje que más aumenta desde 2008 (38,3%) es el que agrupa entre 0 y 1 SMI el percentil salarial más bajo es el único que cae (-10,4%), mientras que el percentil más alto gana un 5,8% de media; de este modo, el índice de Gini no para de aumentar desde 2008 hasta al calzar el 34%, es decir, la desigualdad de ingresos cada vez es mayor en nuestro país.

 

Y este contexto de rentas se enmarca en un escenario del mercado de trabajo de continuo deterioro del empleo y de su calidad, con las consecuencias directas que esto tiene sobre las decisiones de consumo de las familias españolas. Y tanto es así, que los últimos datos de las Cuentas Trimestrales No Financieras de los Sectores Institucionales, publicadas en pasado 2 de julio, alertan de la tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin ánimo de lucro al servicios de los hogares fue negativa en el primer trimestre de 2014 y se cifró en el -1,9% de su renta disponible, su mínimo histórico desde que existe la serie (desde el año 2000).

 

La traducción es la siguiente: en España hoy la renta de las familias no es suficiente para hacer frente a las menguadas decisiones de consumo, menguadas por la caída de su renta disponible bruta, derivada del descenso de la remuneración de los asalariados (-0,4%), del volumen neto de prestaciones recibidos por los hogares (-3,3%) y del saldo neto de otras transferencias corrientes percibidas (-27,8%). Por eso a las familias españolas no les queda más remedio que utilizar sus ahorros para hacer frente a las necesidades de consumo hoy, con las consecuencias que esto tiene en relación con la incertidumbre y la confianza económica en el futuro y el aplazamiento más a futuro de nuevas decisiones de consumo. Señalar en este punto que la negociación colectiva sigue siendo una herramienta de las más valiosas para amortiguar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en España, puesto que los convenios con efectos económicos en 2014 registrados en lo que va de año (hasta el mes de junio, último dato disponible) tienen un incremento salarial medio del 0,54%, subida salarial que se traduce en el 0,55% en los convenios de empresa y en el 0,54% en los convenios de ámbito superior a la empresa. Es decir, la negociación colectiva ha permitido amortiguar la pérdida de poder adquisitivo de 6.882.693 trabajadores cubiertos por estos convenios colectivos.

 

En definitiva, este escenario no es sino el resultado de las políticas de austeridad, que están extendiendo al desigualdad y la pobreza en España. Porque los desmedidos ajustes en el gasto público, las sucesivas reformas laborales, de la negociación colectiva y de las pensiones, han provocado que la demanda interna, principal pilar de nuestra economía, se haya ralentizado enormemente. Y de ahí la situación de la actividad económica, del empleo, pero también de los precios en nuestro país.

 

Po eso, desde UGT exigimos un cambio radical en la política económica y laboral de nuestro país, porque la recuperación pasa por la mejora del poder adquisitivo de los salarios, la generación de empleo de calidad y por la recuperación de los derechos laborales perdidos. Sólo a través de la dinamización del consumo y de la inversión –y por tanto de la demanda interna- podremos empezar a pensar en un verdadero final de crisis, que se iniciará sólo a través de las mejoras de los salarios en términos reales y la recuperación del empleo. Frente a la estrategia de la austeridad, UGT apuesta por una política centrada en las personas y el empleo, con una salida más equilibrada y más justa de la crisis y con reformas de calado para hacer la economía española más competitiva y más sostenible a largo plazo, basada en la mejora de la productividad y el valor añadido, la generación de empleo de calidad y el fortalecimiento de nuestro estado de bienestar.