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​Nuestra economía se mantiene al borde de la deflación y la zona euro está en serio riesgo de una nueva recesión. Ambos hechos constatan el fracaso de la política austeridad a ultranza que se ha impuesto y se impone en España y en Europa y la necesidad imperiosa de cambiarla priorizando políticas de crecimiento y empleo. En nuestro país, la recuperación no llega a los hogares: por el alto desempleo y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios (el salario medio por trabajador ha perdido 7,1 puntos de poder de compra entre 2010 y 2013, el SMI acumula desde 2010 una pérdida de 5,1 puntos y los costes laborales no dejan de caer). Organismos internacionales como la OCDE, el Banco Central Europeo, y el Ecofin reconocen ya que hay que cambiar de estrategia: reorientar el gasto hacia la inversión productiva; flexibilizar los objetivos de consolidación fiscal, establecer políticas que incentiven el empleo y frenar la devaluación salarial. UGT considera que nuestro país cuenta con dos instrumentos fundamentales para salir de la crisis de una manera más solidaria y eficiente: el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, que incluye actuaciones para potenciar las políticas activas de empleo, extender la protección social y sentar las bases de un cambio de modelo productivo y un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que recoja una política de salarial acorde con la nueva etapa, de modo que los salarios ganen poder de compra y contribuyan a la reactivación de la demanda y a la creación de empleo en nuestro país.

La inflación en España sigue en niveles mínimos, registrando incluso tasas negativas. El Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de septiembre, que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística, se ha mantenido en el 0,2%, es decir, el mismo nivel de precios que el mes anterior, mientras que la tasa anual se mantiene en negativo, si bien ha aumentado dos décimas, hasta alcanzar el -0,2%.

Por su parte, la inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, disminuye hasta el -0,1%, una décima por encima del IPC general, es decir, después de cuatro meses consecutivos de variación nula en términos interanuales, sufre este mes una variación negativa.

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) ha aumentado dos décimas respecto al mes de agosto, situándose en el -0,3%. De este modo, el IPCA de España se sitúa seis décimas por debajo de la tasa media de la eurozona (0,3%), es decir, se mantiene un diferencial negativo respecto a los precios europeos, situación a la que asistimos desde hace ahora justo un año.

Valoración

Los datos del IPC conocidos hoy muestran que nuestra economía se mantiene al borde de la deflación. Y un escenario deflacionista en nuestra economía, asediada de amenazas internas y externas, sería un escenario muy complicado de cambiar. A pesar del triunfalismo del Gobierno, la supuesta reactivación de la economía que apuntan algunos indicadores macroeconómicos no parece haberse trasladado a los hogares españoles. El consumo de los hogares no puede recuperarse básicamente por tres razones: por la pérdida de poder adquisitivo de sus rentas, por la falta de fluidez del crédito y por el todavía elevado endeudamiento al que están sometidos.

Y los datos son evidentes. Entre 2010 y 2013, el salario medio por trabajador ha perdido 7,1 puntos de poder de compra. Los datos del primer trimestre, a pesar de la baja inflación, muestran una pérdida adicional de dos décimas. Por su parte, el salario mínimo interprofesional también ha caído en términos reales en esa etapa: desde 2010 acumula una pérdida de poder adquisitivo de 5,1 puntos. A este escenario de moderación de los precios en España también contribuye la continua caída de costes laborales en los últimos años.

En definitiva, estamos ante un riesgo cierto de que se prolongue la situación de caída de precios, instalándonos en una situación deflacionista muy perjudicial. Una inflación en niveles moderados es positiva, porque permite mejorar la competitividad empresarial y ayuda a que los salarios ganan poder de compra. Pero la recuperación de los precios no puede convivir con la paralización de la demanda. La reactivación de nuestra economía requiere de una reactivación del consumo de las familias, que solo será posible si aumenta el empleo, y si además se da un crecimiento real de los salarios de los trabajadores.

En este sentido, el verdadero problema en España no son los precios, sino el desempleo. El problema en nuestro país son los casi seis millones de desempleados y el aumento de las situaciones de riesgo de pobreza. Y por tanto la prioridad de la política económica debe ser el crecimiento de la actividad y el acceso al empleo para todas estas personas.

Y además, en la Euro Zona parece que también ahora el problema esencial es la falta de crecimiento económico y el riesgo de una recaída en recesión. Y la situación es tal, que organismos internacionales como la OIT y otros tan poco dados a rectificar sus propias decisiones como la OCDE, están alertando sobre los efectos nefastos que para la economía están teniendo tanto las políticas de austeridad como las políticas de recortes salariales, puesto que ahogan el consumo interno y hunden las economías. Tanto es así, que la OCDE afirma en su último informe de Perspectivas del Empleo que el recorte de los salarios en España ha sido tal que está provocando penurias entre los trabajadores y sus familias, que las mejoras de competitividad por esta vía están agotadas y que estos descensos lastran la recuperación.

A este “nuevo” discurso hasta se ha sumado el Banco Central Europeo, que tras contribuir decisivamente al hundimiento de la economía de la zona euro con sus políticas y recomendaciones, parece que ha rectificado sus posiciones al señalar que ahora el problema es de demanda y deflación, y ha pasado a poner en marcha una estrategia monetaria acorde con la reactivación de la economía europea, y a proponer un impulso fiscal común en Europa.

Estos cambios de posición del BCE y OCDE deben trasladarse ahora a los responsables directos de la política económica de la eurozona, es decir, a la Comisión Europea y al Eurogrupo, de manera que se traduzcan inmediatamente en una flexibilización de los objetivos de consolidación fiscal y en la puesta en marcha de un plan de inversiones a nivel europeo, como el que propone la Confederación Europea de Sindicatos, que plantea inversiones adicionales durante un período de 10 años, y que posibilitaría la creación de 11 millones de empleos en la Unión Europea.

En línea con las ideas de la CES, ayer mismo el Ecofin hizo pública su propuesta de inversiones para Europa, con el fin de incrementar el crecimiento potencial de la UE. Este plan daría cabida a capital público y privado con la idea de reorientar el gasto hacia la inversión productiva. Pero habrá que esperar a la cumbre de diciembre para ver cómo se materializa, dado el límite de gasto en términos de presupuesto europeo.

En España desde el Diálogo Social es también preciso consolidar una nueva estrategia de salida de la crisis, más solidaria y eficiente. Para ello, contamos con dos instrumentos fundamentales: el primero de ellos, el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, que hemos suscrito los interlocutores sociales y el gobierno, y que incluye actuaciones para potenciar las políticas activas de empleo, extender la protección social y sentar las bases de un cambio de modelo productivo, acuerdo que debe desarrollarse sin más demoras; el segundo, un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que sustituya al vigente hasta este año y que recoja una política de salarial acorde con la nueva etapa, de modo que los salarios ganen poder de compra y contribuyan a la reactivación de la demanda y a la creación de empleo en nuestro país.

Datos básicos