El Pleno del CESE aprueba un dictamen de UGT sobre el impacto de la transición energética en el empleo 

La secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera, ha defendido un Dictamen sobre Política energética y mercado laboral: consecuencias para el empleo en las regiones en transición energética en el Plenario del Comité Económico y Social Europeo que ha sido aprobado.

Mari Carmen Barrera ha explicado que desde que se planteó el paquete de medidas Fit for fifty five, no se ha tenido en cuenta debidamente el impacto de la transición en el empleo algo que debe remediarse porque “sin garantías de empleo sostenible, protección social y ayudas a las empresas por la transición, no habrá futuro competitivo y saludable para Europa”.

Barrera ha subrayado que “la Comisión y los estados miembros deben poner en el centro de todas las políticas la transición el empleo y la protección social y, para ello, es necesario que la UE acelere la transición hacia una energía limpia pues con la dependencia de los combustibles fósiles existen riesgos ambientales y energéticos que afectan a las actividades económicas y al conjunto de las medidas políticas relacionadas, con un alto impacto en las regiones, sectores económicos, trabajadores y grupos de población más vulnerables”.

La secretaria de Políticas Europeas ha señalado que “los graves efectos económicos, ocupacionales y sociales que, a corto y medio plazo, está generando la transición energética, agravados por la crisis geopolítica y económica y la guerra de Ucrania son muy preocupantes y que el aumento de los precios de la energía ha afectado a los hogares más vulnerables, así como a muchas empresas de toda la UE y las altas facturas energéticas elevan los costes de las empresas y repercuten en sus niveles de producción y empleo, viéndose obligadas a planes de reestructuración”. 

“Para paliar esta situación”, ha recalcado, “la Comisión y el Parlamento, los Estados miembros y a las regiones deben adoptar medidas que faciliten un desarrollo territorial y socioeconómico más equilibrado, implicando a los interlocutores sociales y a otras organizaciones de la sociedad civil de una manera más innovadora y efectiva en el diseño e implementación de las políticas de transición energética con alto valor añadido en términos de empleo y de protección social, así como en su seguimiento y evaluación. Hablamos de pactos sociales para la transición justa”.

La importancia del Diálogo Social

“Además, es necesaria una mayor integración en los marcos normativos e incentivos al empleo de calidad sostenibles, así como fondos para repartir los costes de los procesos de reestructuración, programas de recualificación profesional, políticas de bienestar social, una renovada política de cohesión, reforzar las políticas de inversión, pública y privada y mecanismos de seguimiento y evaluación”.

“Los planes territoriales de transición energética debe ir acompañados de convenios o acuerdos de concertación social justa en los que la creación, mantenimiento y protección del empleo sostenible de calidad y el acompañamiento de las personas, sean condiciones necesarias para las medidas previstas, incluidos los fondos recibidos, para fomentar la transición energética” ha afirmado.

“Porque la forma y efectos de la transición energética, como parte de la transición digital y verde, dependerá de la formulación de políticas de inversión inclusivas condicionadas por la promoción de empleos decentes sostenibles y participadas socialmente, involucrando la voz de las personas empleadas y sus representaciones. Es una condición indispensable para garantizar una transición exitosa” ha finalizado.