• La Ley de Contratos Públicos genera precariedad y servicios públicos deficientes.

• La Administración Pública debería dar ejemplo en materia de contratación y establecer unos estándares de calidad en los servicios.

• No se puede permitir que la mala gestión de servicios como la protección a las víctimas de violencia de género genere verdaderas situaciones de peligro.

La Unión General de Trabajadores denuncia que la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por el Gobierno, genera precariedad laboral y malos servicios que pueden dar lugar a situaciones como la que está sucediendo con el Centro de Control de órdenes de alejamiento en materia de violencia de género, más conocido como Centro COMETA, (encargado de los sistemas de seguimiento por medios telemáticos de las medidas y penas de alejamiento en el ámbito de la violencia de género) cuya mala gestión pone en peligro a las víctimas de violencia de género que quedan, en muchos casos, desprotegidas frente a sus agresores.

El sindicato recuerda que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene contratada la prestación del servicio del Sistema de Seguimiento con una empresa privada, que es la encargada de realizar las tareas relacionadas con la monitorización, operación e instalación de los dispositivos de seguimiento y control de las pulseras electrónicas y alarmas para controlar a los maltratadores, pero que tanto los trabajadores del centro como los recursos técnicos y materiales del mismo no garantizan un buen servicio y, por tanto, no garantizan la seguridad de las víctimas. En este sentido, subraya que lo mismo que sucede con el centro COMETA se puede trasladar a otros muchos ámbitos.

A través del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, UGT ha elevado varias preguntas sobre la situación del Centro COMETA para que todos los Grupos Parlamentarios tengan conocimiento de los agujeros que tiene esta Ley de Contratos Públicos y las nefastas consecuencias que tiene sobre los servicios a la ciudadanía. En este sentido destaca que la Administración Pública tendría que dar ejemplo en materia de contratación y exigir a las empresas con las que trabaje unos elevados estándares de calidad en los servicios que ofrece a la sociedad.
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