La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) advierte de los riesgos del Pacto Industrial Limpio de la UE, que movilizará 100.000 millones de euros para fortalecer la industria europea y avanzar en la descarbonización. Si bien el sindicato valora el esfuerzo inversor, UGT exige que la transición ecológica no se haga a costa del empleo ni de los derechos laborales. Del mismo modo, el sindicato alerta de que la simplificación administrativa propuesta puede derivar en una desregulación perjudicial para las y los trabajadores.

El pacto introduce incentivos fiscales y flexibiliza las ayudas de Estado para impulsar la industria verde, incluyendo la reducción del IVA de la electricidad al 5% y la financiación de contratos de suministro de energía renovable. Aunque estas medidas pueden aliviar los costes energéticos, UGT insiste en condicionar su aplicación al mantenimiento del empleo y al respeto de los derechos laborales. Además, el sindicato subraya que la transición ecológica debe garantizar el derecho a la formación durante la jornada laboral sin coste para las personas trabajadoras.

Uno de los aspectos más preocupantes es la reducción en un 35% de los requisitos ambientales dentro del paquete normativo complementario. UGT denuncia que rebajar los estándares medioambientales en nombre de la competitividad supone un grave retroceso y pone en peligro los avances logrados en sostenibilidad. El sindicato también rechaza la iniciativa Ómnibus de la Comisión Europea, que debilita la responsabilidad corporativa en derechos laborales y medioambientales al relajar las obligaciones empresariales en diligencia debida y supervisión.

Ante este escenario, UGT reclama: condicionalidad social y laboral en las ayudas a empresas; mayor participación sindical en la política industrial europea; mantenimiento de los estándares ambientales; implementación urgente de medidas de protección del empleo; y un marco europeo de formación y reciclaje profesional.

UGT seguirá trabajando para que las políticas industriales de la UE integren plenamente la dimensión social y laboral, asegurando que la transición verde refuerce los derechos de las personas trabajadoras y no sea un pretexto para su precarización.