El gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) ha anunciado una nueva serie de aranceles a la mayoría de los países con los que mantiene relaciones comerciales. Entre estos se encuentra un nuevo arancel del 20% para los productos que provienen de la Unión Europea que, a diferencia de los anunciados anteriormente, que afectaban a sectores concretos (como el 25% que se impuso al acero, al aluminio o al sector automovilístico), se aplicarán de manera general, prevaleciendo en todo caso los ya existentes en caso de que impongan tipos superiores. En opinión de UGT, esta política económica resulta un sinsentido, que será contraproducente tanto para los intereses de las personas trabajadoras estadounidenses como para las españolas. 

El impacto de estos aranceles en España todavía está por verse, pero previsiblemente, afectará a los sectores económicos más expuestos a estos impuestos por su relevancia en la balanza comercial de las exportaciones que realiza España a Estados Unidos. Según las estadísticas de comercio exterior, España exportó productos por valor de 18.179 millones de euros, que supone el 4,7% del total de las exportaciones de nuestro país. 

Esta cifra, aunque destacable, es afortunadamente muy inferior a la que supone el comercio español con los países que conforman el mercado único europeo, que posee un 34% más de potenciales consumidores que el mercado estadounidense, y que se verá reforzado como consecuencia de la imposición recíproca de aranceles a los productos provenientes de EE. UU. En España, en cualquier caso, el impacto global será más reducido que en otros países de la UE. Aun así, habrá productos especialmente afectados, entre los que se encuentran ciertos alimentos como los aceites (6,3% del total), productos energéticos como el petróleo y sus derivados (6,5%), productos químicos (19,5%) o los bienes de equipo (28,8%). 

Por lo tanto, el sector primario y ciertas industrias serán los sectores que se verán más perjudicados por estos aranceles, a la espera de que puedan anunciarse otros sobre productos concretos, como ya ha mencionado Trump, sobre el petróleo, los productos farmacéuticos o algunos alimentos. 

Estas políticas arancelarias responden a una estrategia que va mucho más allá del terreno comercial y que persigue, en esencia, imponer una posición de dominio unilateral por parte de Estados Unidos, arrasando con décadas de cooperación y alianzas económicas que han sido clave para garantizar la estabilidad, el progreso y el bienestar de los países y de las personas trabajadoras a ambos lados del Atlántico. La Administración Trump ha elegido el peor de los caminos: romper consensos básicos que han sostenido el crecimiento económico global, resucitar prácticas proteccionistas propias de épocas superadas y exhibir una actitud hostil y confrontativa hacia el resto del mundo, incluida Europa. Esta deriva no solo amenaza con deteriorar gravemente las relaciones internacionales, sino que entraña un riesgo económico de primer orden. La política arancelaria impulsada desde Washington podría desencadenar una recesión de alcance global, con efectos negativos directos para la economía estadounidense y europea, pero sobre todo para las condiciones de vida y trabajo de millones de personas. La imposición de barreras comerciales y el aumento de aranceles ponen en peligro la inversión, el empleo y los derechos laborales, y amenazan con socavar los avances en bienestar social conquistados durante años de cooperación transatlántica. Sus consecuencias podrían ser, además, difíciles de revertir a medio plazo, afectando directamente a las trabajadoras y trabajadores que, una vez más, serían quienes paguen el precio de políticas erráticas e insolidarias.

En este escenario, el presidente del gobierno ha anunciado hoy un Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial que estará dotado de un presupuesto de 14.100 millones de euros, de los que 7.400 millones serán de nueva financiación y los restantes 6.700 se aprovecharán de instrumentos ya existentes. Este plan consta de dos pilares: por un lado, la ayuda y protección a las personas trabajadoras y a las empresas que puedan verse afectadas y, por otro lado, una estrategia para reorientar los sectores económicos más expuestos a los nuevos aranceles hacia nueva demanda internacional. Ambos pilares constan de medidas como una nueva línea de avales ICO (6.000 millones de euros), un fondo de apoyo a la producción industrial o una dotación de 500 millones para mejorar la internacionalización de las pymes, entre otras. También se contempla la activación del mecanismo RED para proteger el empleo, siguiendo la buena experiencia de la aplicación de los ERTE durante el impacto de la pandemia. 

La importancia de estas actuaciones avala la apertura de una mesa de diálogo social permanente con los interlocutores sociales, para valorar el impacto directo en los diferentes sectores y la eficacia del diseño de posibles medidas paliativas y de impulso de la actividad. 
En conjunto, se trata de un plan que acierta en la orientación de sus políticas, puesto que supone una respuesta rápida, clara y decidida a los ataques comerciales impulsados desde la administración Trump, que muestra una estrategia basada en la legítima defensa y la protección en primer lugar, para después aprovechar el contexto para propiciar cambios necesarios en el modelo productivo. 

Junto a ello, se precisa de una respuesta medida y contundente a la vez por parte de la Unión Europea, que defienda y fortalezca la economía de los países que la conforman y el bienestar de su ciudadanía. Así, en coherencia con las competencias de la UE en materia de comercio y con la necesidad de reforzar la actuación conjunta, el gobierno pedirá a la Comisión Europea que active un marco especial para facilitar el despliegue de ayudas a nivel nacional, la creación de un fondo de ayudas financiado con los aranceles de la Unión Europea, una revisión de las normas comunitarias para poder ayudar a los sectores y la aceleración de un acuerdo entre la UE y el Mercosur que permita conectar ambos mercados. 

La dimensión de las medidas adoptadas por EE. UU. y la brusquedad del cambio de rumbo de su política exterior exige un reforzamiento del proyecto europeo de igual calado, por el cual ya se ha mostrado a favor de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), y que debe desarrollar de manera inteligente el concepto de autonomía estratégica abierta: 

• De manera inmediata, la Unión Europea debe articular una respuesta firme y coordinada, priorizando la vía diplomática, para frenar una escalada arancelaria injustificada y carente de fundamento en los hechos. Mientras la administración estadounidense declara que el tipo arancelario medio a la exportación a la que se enfrentan sus empresas cuando comercian con otras europeas suponen un 39%, la realidad es que rondan el 3%. El objetivo real es lastrar la producción europea y mundial incrementando sus costes y perjudicando así sus exportaciones. Frente a ello, la UE debe responder protegiendo a su industria y a los productos agrícolas, los más perjudicados por los aranceles.
• Además, se hace cada vez más necesario introducir un mecanismo SURE permanente, que financie instrumentos de protección al empleo en situaciones de crisis, en línea con los ERTE o el Mecanismo Red en España.
• Por último, es imprescindible impulsar, de manera coordinada y solidaria, una potente política industrial (con especial acento en un factor horizontal como la generación y difusión de tecnología), una política energética autosuficiente (desarrollando prioritariamente las fuentes renovables), la política de seguridad autónoma (reforzando a medio plazo el papel de la producción europea) o el aprovisionamiento de materias primas críticas. 

Todo ello potenciando el que resulta el mayor logro del proyecto europeo desde su inicio y que sitúa a la UE como el área geográfica con mejor calidad de vida del mundo: el estado de bienestar.