Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista no respetan el espíritu de la proposición de Ley presentada por el Parlamento Vasco y ponen en peligro el acceso de las personas enfermas por este agente cancerígeno a unas indemnizaciones dignas

La tramitación de la proposición de Ley para la creación de un fondo de compensación de las víctimas del amianto ha comenzado su tramitación en la Comisión Parlamentaria del Congreso de los Diputados con la primera reunión de su ponencia el pasado miércoles 11 de mayo. En esta reunión se ha fijado un calendario que arranca la próxima semana con la discusión de las enmiendas planteadas por los diferentes grupos parlamentarios.

Sin embargo, las informaciones de las que disponemos en UGT, CCOO y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA) indican que el Grupo Parlamentario Socialista persiste en su intención de que el Fondo se convierta en un organismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y, lo que es más grave, de limitar su financiación exclusivamente a partidas previstas en los Presupuestos Generales del Estado y a fondos obtenidos a través de la subrogación del derecho a litigar por parte de las personas afectadas.

A juicio de UGT, CCOO y FEDAVICA, estas condiciones impuestas por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no respetan el espíritu de la proposición de Ley remitida por el Parlamento vasco a las Cortes Españolas, que configura un organismo dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que complementa su financiación con fondos provenientes de la Seguridad Social. Este modelo está inspirado en el Fondo de Indemnización de las Víctimas del Amianto (FIVA) existente en Francia desde hace más de veinte años, y que se ha visto replicado en otros estados de la UE como Bélgica.

El modelo de Fondo de Indemnización francés, vinculado tanto orgánica como financieramente a la Seguridad Social, garantiza su continuidad a lo largo de los años sin quedar al albur de las negociaciones anuales de los Presupuestos Generales y que sus indemnizaciones  alcancen a la inmensa mayoría de las personas afectadas y con unas cuantías que resarcen la injusticia social a las que se han visto sometidas. De tramitarse en las condiciones que propone el ministro Escrivá, el Fondo se convertiría en una herramienta inútil para solucionar el problema para el que fue creado, ya que las víctimas se verían obligadas de nuevo a recurrir a la vía judicial para obtener unas indemnizaciones dignas.

Desde UGT, CCOO y FEDAVICA demandamos al Gobierno, y especialmente a José Luis Escrivá, un cambio de rumbo en las políticas de compensación a las víctimas de este agente cancerígeno que los diferentes Gobiernos de España permitieron seguir utilizando durante décadas aun a sabiendas de sus efectos letales. Asimismo, exigimos al Grupo Parlamentario Socialista que se reúna con las asociaciones de víctimas y sindicatos para pactar los contenidos de las enmiendas que garanticen unas indemnizaciones dignas y que no traicionen las expectativas depositadas por las personas enfermas por el amianto y sus familias. Asociaciones de víctimas y sindicatos advierten que en el caso de que no se produzcan avances en la negociación, convocarán movilizaciones.