La decisión del juez del Tribunal Supremo de Brasil, Edson Fachin, de revocar todos los procesos iniciados contra el ex presidente brasileño Luis Inácio “Lula” da Silva en Curitiba, supone un primer gran paso para el fin de la persecución política en Brasil y el posible inicio del restablecimiento de la democracia en el gigante sudamericano.

Lula, quien sufrió más de un año y medio de prisión debido a estos procesos fraudulentos liderados por el ex ministro de Bolsonaro, Sergio Moro, recupera de esta manera sus derechos políticos, por lo que podrá participar de futuras elecciones. El histórico líder sindical, que presidió el gobierno brasileño durante ocho años, dejó un legado de un fuerte compromiso con políticas progresistas de reducción de la pobreza, las desigualdades, contra el racismo y por un Brasil incluyente.. La reacción de la derecha brasileña al exitoso y conciliador horizonte de justicia social marcado por Lula durante su gestión, a través de los grandes medios de comunicación y de sus representantes en las instituciones del país, señaló aquellas legítimas políticas de justicia social como una amenaza a sus atávicos privilegios, desplegando una autentica trama de persecución judicial y mediática contra Lula y otros lideres del Partido de los Trabajadores.

De aquel despertar de la vocación golpista de la derecha brasileña, iniciado con el golpe institucional al gobierno de Dilma Roussef y continuado con la salvaje persecución a Lula, Brasil ha llegado a la lamentable situación actual, con un gobierno ultraderechista que no solo ha condenado a Brasil a la intolerancia, a la vuelta a las políticas  al servicio de las elites económicas,  a la precariedad laboral, a la persecución de los sindicatos, a la destrucción medioambiental, sino que también, en epoca del covid-19, a un negacionismo delirante que ha hecho de Brasil el segundo país del mundo más afectado por el virus, con más de once millones de casos, más de 265 mil fallecidos y un sistema sanitario colapsado en muchos puntos del país.

La persecución política a lideres populares, a través de la manipulación de instituciones y procesos jurídicos, con el apoyo de medios de comunicación y fuerzas politicas de la derecha, conocida como “lawfare”, implica una estrategia de golpismo que no solamente afecta a Brasil, sino que ha sido, y sigue siendo desplegada en toda Latinoamérica, desde Honduras hasta Argentina, pasando por Ecuador, Bolivia y otros países de la región.

Desde UGT hemos apoyado desde el primer momento al pueblo brasileño y a Lula  ante el ataque a su democracia y la persecución de sindicatos, movimientos sociales y lideres políticos. En el año 2019, mientras Lula continuaba injustamente en prisión, el Secretario General de UGT visitó a Lula en prisión, trasladandole el apoyo y la admiración de UGT.

La solidaridad internacional conseguida en la defensa de Lula supuso un importante apoyo a la lucha del pueblo brasileño por la democracia y la justicia social en su país. No debemos  olvidar que el éxito de la persecución a lideres democráticos progresistas se nutre no solo de la participación activa de actores locales, del intervencionismo velado de potencias extranjeras sino también del silencio cómplice de gobiernos que ponen en un segundo lugar la defensa de la democracia y los derechos humanos en beneficio de supuestos intereses económicos en aquellos países. El respeto por la democracia en Brasil y la terrible situación actual del pueblo brasileño deben ser tenidas en cuenta por el Gobierno de España y la Unión Europea para estar a la altura en el futuro ante el surgimiento de nuevas estrategias golpistas por parte de fuerzas políticas, sectores mediáticos y económicos para quienes la democracia solo es válida cuando sirve a sus intereses particulares.