Ante los graves hechos de violencia ocurridos en el marco de las acciones de desestabilización de la democracia por parte de la derecha boliviana en el Departamento de Santa Cruz (Bolivia), desde UGT queremos manifestar nuestra más firme condena a cualquier acto de violencia política y de boicot al debido funcionamiento de las instituciones en el país.

Las noticias, de los últimos días, indican que hay cuatro personas muertas en el marco de las acciones promovidas por el Comité Cívico pro Santa Cruz, grupos paramilitares y otros grupos violentos, así como cientos de heridos, numerosos actos de violencia y violaciones a los derechos humanos por parte de los manifestantes.

El “paro cívico” convocado por la derecha boliviana y promovido por el propio gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien cuenta con graves antecedentes golpistas en el pasado reciente, se desarrolla desde hace más de 20 días bajo el pretexto de reclamar la celebración de un nuevo censo electoral en Bolivia. Sin embargo, la inflexibilidad demostrada por los convocantes, la ausencia del gobernador Camacho en las reuniones oficiales para el tratamiento del censo, y la violencia de sus acciones, han demostrado que el “paro cívico” no es una protesta sino un paso más en la estrategia de sectores ultraconservadores del Oriente boliviano para desestabilizar al gobierno presidido por Luis Arce y, de esta manera, obstruir cualquier tipo de política  social y económica inclusiva que favorezca la reducción de la desigualdad, el respeto a la diversidad cultural y el fortalecimiento del papel del Estado frente a los intereses de sectores empresariales del país.

Desde UGT continuaremos apoyando a las organizaciones sindicales, políticas y sociales, que son pieza fundamental de la mayoría del pueblo boliviano que defiende la democracia, así como a las iniciativas del presidente Luis Arce para encontrar soluciones justas y pacíficas para este momento de extrema gravedad en el país. Es fundamental que el Gobierno de España y las instituciones europeas apoyen al Gobierno boliviano ante este grave ataque a la democracia del país sudamericano. 

El golpe de estado de 2019 demostró que el apoyo internacional a la democracia es un elemento necesario para la protección del estado de derecho en Bolivia y que este apoyo no debe responder únicamente a la solidaridad, sino también a un compromiso de trabajo conjunto de los gobiernos democráticos y progresistas para enfrentar el impulso antidemocrático de la ultraderecha, presente con cada vez más fuerza tanto en Bolivia como en España, así como en una gran cantidad de países alrededor del mundo.