► UGT apela a la responsabilidad de las empresas, que deben seguir garantizando la protección sanitaria de las personas trabajadoras una vez decaiga el Estado de Alarma, a partir del domingo 9 de mayo, y de los ciudadanos y ciudadanas, que deben continuar cumpliendo con las medidas de protección contra la Covid-19 y con las normas establecidas en las distintas Comunidades Autónomas.

► Insta al Gobierno a poner todos los medios necesarios para seguir cumpliendo y agilizando, en la medida de lo posible, el proceso de vacunación, porque ésta es la mejor garantía para asegurar la salud pública y que, al mismo tiempo, despegue la actividad económica.

► El Sindicato considera que mientras no se controle esta pandemia hay que seguir manteniendo los mecanismos de protección sanitaria y social establecidos y seguir apoyando a las empresas hasta que se recupere la normalidad sanitaria.

► Por último, valora que el Gobierno español, al igual que ha hecho el de EEUU, apoye la eliminación de las patentes de las vacunas, para que lleguen a todo el mundo, y le pide que trate de buscar aliados entre los países miembros de la UE para que ésta cambie de opinión. 

UGT considera que, aunque decaiga el Estado de Alarma, no puede decaer la protección a las personas y deben mantenerse las políticas y medidas sociales y las ayudas a las empresas más rezagadas en el proceso de recuperación. 

La pandemia ha descubierto los déficits de nuestro modelo social que es necesario reforzar por eso muchas de las medidas adoptadas durante la misma tendrían que tener carácter permanente: como la moratoria de hipotecas, la prohibición de los desahucios y de los cortes de suministros básicos a familias vulnerables.

Asimismo, se deberían continuar mejorando nuestro sistema de cuidados, adoptando desde el consenso, medidas como un permiso retribuido temporal, a cargo de un fondo de compensación que garantice los derechos de conciliación para las personas trabajadoras ante circunstancias extraordinarias, como las vividas durante la pandemia. 

Son precisas, además, mayores inversiones en los servicios públicos para la atención a personas dependientes, mayores ofertas de servicios de escuelas infantiles de 0 a 3 años y de cuidados de larga duración que deben ser accesibles y asequibles. El sindicato valora muy positivamente el acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales sobre la Ley de Atención a la Dependencia, un elemento fundamental que permite retomar el sentido inicial de esta ley y dignificar las condiciones de empleo y protección social que realizan las personas empleadas bajo la relación laboral especial de ayuda a domicilio. 

Asimismo, considera vital corregir ya los defectos del Ingreso Mínimo Vital, que impide que llegue a una gran mayoría de personas que realmente lo necesitan. El sindicato propone para ello que de momento baste con una Declaración Responsable y que posteriormente pueda constatarse conforme a los requisitos exigidos.

Prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre

En una primera reunión entre el Gobierno y los agentes sociales se ha coincidido en prolongar los ERTE hasta el 30 de septiembre, una fecha en la que ya tiene que estar muy avanzado el proceso de vacunación y la inmunidad grupal frente a la Covid-19. Un acuerdo que debe mantener, como los anteriores, las demandas sindicales para proteger a los trabajadores y trabajadoras: el contador a cero en la prestación por desempleo hasta 2022, la imposibilidad de despedir en los seis primeros meses de que finalice el ERTE, la ampliación de las exoneraciones y el mantenimiento de la cuantía de las prestaciones.

Asimismo, el sindicato considera que debe producirse ya un cambio de mentalidad en la cultura empresarial y que esta herramienta de suspensión temporal de empleo sea la norma frente a los Expedientes de Regulación de Empleo.

Ir más allá y mejorar la calidad del mercado laboral

Por otra parte, UGT considera imprescindible sanear nuestro mercado laboral, que se asienta en empleos temporales, precarios y parciales y apostar por la calidad del empleo estable y con salarios dignos. Esto requiere derogar las reformas laborales, en especial, la de 2012 y volver a recuperar el equilibrio de las relaciones laborales. Hay que volver a la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa, recuperar la ultraactividad de convenios; perseguir y sancionar la contratación irregular (de tal forma que a un trabajo fijo le corresponda un contrato estable), y volver a causalizar los despidos, porque ahora se puede despedir por cualquier causa y a un coste irrisorio. 

También es preciso subir ya el Salario Mínimo Interprofesional, porque esta medida no solo beneficiará a las personas trabajadoras con sueldos más bajos (muchas de ellos de los sectores esenciales, y una gran mayoría mujeres), sino que también contribuirá a mejorar el consumo y relanzar la economía, mejorando, al mismo tiempo, las cuentas de la Seguridad Social.  

Otro elemento vital será avanzar en la eficiencia de las políticas activas, para lo cual hay que hacer una reforma en profundidad de las mismas, tal y como se está negociando en la mesa de diálogo social abierta en esta materia. UGT pide que se garantice un nuevo derecho subjetivo para las personas desempleadas, de tal forma que los Servicios Públicos de Empleo “valúen su situación, realicen un diagnóstico de cuáles son las causas por las que están en desempleo, que se les diseñe un plan, facilitándoles formación y cualificación, y que, finalmente, puedan integrase en el mercado de trabajo.  Una reforma vital, porque desde la crisis anterior, en nuestro país hay un desempleo estructural, con parados de larga y muy larga duración, que supone casi la mitad del total de paro en nuestro país.  Esta reforma debe contar con la financiación suficiente, aprovechado los Fondos Europeos para la Reconstrucción.

Fondos que también deben aprovecharse para impulsar de una vez por todas el cambio de nuestro modelo productivo, apostando por más industria, formación, I+D, y empleos estables y con derechos. Un sistema productivo que dé respuesta a los retos presentes: como el proceso de digitalización o la lucha contra el cambio climático que debe hacerse desde la transición justa, sin dejar a nadie atrás.