​La Unión General de Trabajadores señala que la política de vivienda del Gobierno es totalmente insuficiente y lo único que fomenta es que siga siendo un bien de lujo con el que especular. La última ayuda que propone el Ejecutivo es inviable y va a seguir imposibilitando que los jóvenes de nuestro país se puedan emancipar, ya que no constituye ni el 20% del precio de una vivienda real, como anuncia, ni va a cubrir a todos los beneficiarios que la necesitan. Para UGT, el Gobierno tiene que olvidarse, de una vez, de hacer política para unos pocos y resolver los problemas de las personas. En este sentido, el sindicato exige un política de vivienda que obligue a poner en el mercado viviendas vacías que tienen los bancos, con el fin de aumentar la oferta y reducir el precio; que se establezca una mayor oferta de vivienda de protección oficial, de compra y alquiler social de acuerdo al poder adquisitivo y circunstancias de la población y no del precio de mercado; y que se cree un plan de choque por el empleo que aumente el poder adquisitivo de los colectivos más vulnerables, como los jóvenes, para poder emanciparse y crear un proyecto de vida sólido y viable.

La Unión General de Trabajadores denuncia que la política de vivienda del Gobierno es claramente insuficiente y lo único que fomenta es un sistema en el que la vivienda sigue siendo un bien de lujo con el que especular. El Gobierno vuelve a anunciar medidas que solo buscan una repercusión mediática, con el fin último de beneficiar a unos pocos y presentar propuestas que no son viables para la inmensa mayoría de la población.

Como siempre, este Ejecutivo elude a los interlocutores sociales a la hora de elaborar planes o ayudas que afectan a toda la ciudadanía, algo que provoca una falta de coherencia entre la ayuda que se aprueba y la situación real de las personas de nuestro país. El sindicato no entiende por qué le ha dado de plazo a las Comunidades Autónomas hasta el 31 de diciembre del año pasado para dar sus aportaciones en esta materia y a los interlocutores sociales nos exige una valoración en tan solo 20 días, cuando ya ha presentado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 y mientras dura el debate parlamentario y la tramitación de las enmiendas.

El plan de vivienda que anuncia el Gobierno ofrece una llamativa ayuda del 20% del precio total de la vivienda para menores de 35 años, pero en realidad es un espejismo. Esta ayuda tiene un tope de 10.800 euros en total, por lo que, si el 20% del Gobierno es real, la vivienda debería costar, como mucho, 54.000 euros, algo totalmente inviable en el mercado inmobiliario español en la actualidad.

Además, el beneficiario o beneficiaria no debe cobrar, como mucho, tres veces el IPREM y, para UGT, quien no llega a ese límite (18.000 euros anuales brutos), no está pensando precisamente en adquirir una vivienda porque no puede asumir su coste.

El Gobierno vuelve a dar la espalda a los ciudadanos implantando medidas cuyos requisitos convierten estas ayudas en concesiones inoperantes, que no beneficiarán a quien más lo necesite. Y todo por no reunirse con los interlocutores sociales, consensuar estas ayudas y vivir en una realidad paralela.

Constitucionalmente, el Ejecutivo de nuestro país está obligado a establecer mecanismos para que la vivienda se convierta en un artículo de primera necesidad. Sin embargo, no pone límites a la especulación y lo convierte en un artículo de lujo.

Para UGT, esto está afectando notablemente a colectivos tan vulnerables como los migrantes, los desempleados mayores de 45 años o los jóvenes. De hecho, estas medidas, junto a la precariedad y temporalidad del mercado laboral, están llevando a niveles bajísimos de emancipación juvenil (el 19%), y quien logra el privilegio de emanciparse debe destinar el 60% de su salario a la vivienda, cifra que duplica la recomendada.

Por ello, UGT exige que el Gobierno de nuestro país deje de gobernar para unos pocos, que piense en la ciudadanía y constituya una política de vivienda que obligue a poner en el mercado las viviendas vacías que tienen los bancos, con el fin de aumentar la oferta y reducir el precio; que se establezca una mayor oferta de vivienda de protección oficial, de compra y alquiler social de acuerdo con el poder adquisitivo y circunstancias de la población y no de acuerdo con el precio de mercado.

Además, el sindicato considera que un mejor acceso de la vivienda pasa necesariamente por fomentar el empleo estable y con derechos, que genere salarios dignos. Por ello, exige al Ejecutivo un plan de choque por el empleo que posibilite una mayor estabilidad a los colectivos más vulnerables, en particular, y a la ciudadanía en general y les permita establecer un proyecto de vida sólido y viable. De lo contrario, continuaremos fomentando la figura del trabajador pobre y asentando un modelo de sociedad "en precario".