​De acuerdo con las prescripciones, recomendaciones y advertencias del FMI en su reciente informe “Perspectivas económicas mundiales” (capítulo III), UGT considera que se deben derogar las Reformas Laborales aprobadas durante la crisis (2010, 2011 y 2012), porque todas ellas entran en contradicción con esas advertencias.

El FMI ha dejado completamente claro que todas las medidas que reducen la protección de los trabajadores, ya sea por el debilitamiento de la protección frente al despido (regulación y/o indemnizaciones) como por los recortes en la protección por desempleo, son negativas para la economía y el empleo. Y considera que tales medidas (lógicamente, cabría decir) promueven los despidos, debilitan la demanda agregada y con ello la creación de empleo y tienden a contraer la economía, retrasando y debilitando la recuperación de la economía.

Además de reconocer de forma tan clara que acertábamos los sindicatos cuando utilizábamos precisamente los mismos argumentos económicos para rechazar tales medidas incorporadas a las reformas laborales más recientes, el FMI rectifica con ello, en toda regla, los argumentos con los que durante años ha justificado aquellas reformas y demandado que se acometiesen reformas en esa dirección. Y lo hace con una contundencia tal que busca que se comprenda hasta qué punto la evidencia al respecto es clara: porque tales medidas supondrán “el desencadenamiento de una ola de despidos” y el recorte en las prestaciones por desempleo “debilita aún más la demanda agregada”, todo lo cual retrasa o impide la consolidación de la recuperación económica.

Asimismo, el FMI advierte a los Estados que las medidas que deberían adoptar en las actuales circunstancias, en lugar de los recortes en la protección frente al despido y en las prestaciones por desempleo, son –como también hemos señalado reiteradamente durante todos estos años los sindicatos- las reformas en los mercados de productos y servicios y el aumento del gasto en las políticas activas de empleo. Nuevamente lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno del PP durante la pasada Legislatura.

Especialmente la Reforma Laboral de 2012 es la que más incidió sobre la desregulación y abaratamiento de los despidos. Porque redujo más de un 40% las indemnizaciones en los despidos improcedentes (despidos injustificados, sujetos a utilización discrecional de los empresarios y carentes de una efectiva tutela judicial), porque convirtió en irrelevantes las causas para los despidos objetivos y colectivos (una circunstancia de pura coyunturalidad, la reducción de los ingresos de la empresa durante tres trimestres, que no representa en modo alguno dificultades estructurales y ni siquiera de entidad, es causa justificada para proceder al despido tanto de un trabajador como de la mayoría de la plantilla de la empresa), y porque suprimió la autorización administrativa en los despidos colectivos, entre otras medidas. Igualmente, en la pasada Legislatura el Gobierno recortó las prestaciones por desempleo, aparte de permitir complacientemente la caída continuada y aguda de la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo.

Resulta difícil atendiendo a todo lo que señala el FMI encontrar una descalificación más clara de las Reformas Laborales realizadas.

Es imprescindible corregir los errores y buscar una adecuada regulación del mercado de trabajo. Es preciso comenzar de nuevo y hacer ahora las cosas bien. Restablecer una regulación que impida los excesos en los despidos, tanto en los injustificados (improcedentes) como en los causales. Una regulación que aumente la protección y cobertura de las prestaciones por desempleo. Y una regulación que garantice creación de empleo en condiciones dignas, que a su vez mejore la demanda agregada y consolide la recuperación de la economía, además de elevar los niveles de productividad.

Todo lo cual, a juicio, de UGT, supone un argumento más de autoridad para que el Parlamento actual y el próximo Ejecutivo procedan sin demora a la derogación total de esas Reformas Laborales.