​En nuestro país, en 2015, se detectaron 10.835 personas en riesgo de explotación laboral, fundamentalmente en el sector agrícola. UGT, con motivo del Día Europeo contra la trata de seres humanos, que se celebra mañana, denuncia la ausencia, en España, de un plan específico para atajar la trata de seres humanos con fines de explotación laboral y la falta de iniciativa de los gobiernos, desde el 2008, para dar respuesta a una realidad cada vez más frecuente: la de la vulneración de derechos fundamentales en el trabajo.

El sindicato, que destaca los progresos en la lucha contra la explotación sexual, gracias a la aplicación precisamente, de un plan específico con un presupuesto que permita garantizar la protección de sus víctimas, reclama un plan similar para abordar las formas más graves de vulneración de derechos fundamentales y laborales en el mercado de trabajo, que van más allá de incumplir las normas laborales y convenios colectivos. Se trata de atajar situaciones donde está en juego la integridad física y la vida de las personas y en las que éstas son tratadas como mercancía. No hacer nada en este sentido es no querer reconocer que esta realidad ocurre en España.

UGT quiere destacar que la existencia de un Plan específico en nuestro país contra la trata con fines de explotación sexual, así como de presupuesto que permite garantizar la protección de sus víctimas, está teniendo resultados positivos. Pero no ocurre lo mismo con la trata con fines de explotación laboral, carente de instrumentos específicos, y sin que los sucesivos gobiernos desde el año 2008 hayan dado respuesta a una realidad que cada vez es más frecuente: la de la vulneración de derechos fundamentales en el trabajo.

Según el informe del Ministerio del Interior  “Trata de seres humanos. Delitos de odio” de 2015 se detectaron 10.835 personas en riesgo de explotación laboral, fundamentalmente en el sector agrícola. Es preciso recordar que víctimas de trata podemos ser todos, con independencia de la nacionalidad y situación administrativa.

UGT reitera la necesidad de abordar las formas más graves de vulneración de los derechos fundamentales y laborales en el mercado de trabajo. La Ley y el Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, pensados fundamentalmente para recaudar, no son el instrumento adecuado para afrontar una realidad cada vez más frecuente en España, que va más allá de la vulneración de normas laborales y convenios colectivos. Estamos hablando de delitos especialmente graves, donde está en juego la integridad física y la vida de las víctimas, e incluso de sus familias. 

La ausencia de instrumentos específicos, y de garantías de protección a las víctimas, generalmente de nacionalidad extranjera  y especialmente vulnerables, no puede por menos que interpretarse como la negativa a reconocer que esta realidad sucede en España.