En el décimo aniversario de la aprobación de la Ley de Dependencia, UGT reclama mayores recursos materiales y económicos para dar cobertura a todos los que necesitan la ayuda. Desde 2011, el Gobierno ha disminuido el presupuesto a esta partida en 619 millones menos, cuando hay 150.000 potenciales beneficiarios más, y aún hay en lista de espera más de 350.000 dependientes esperando la ayuda. Por ello, el sindicato exige la aplicación precisa de la Ley, que no se cumple en toda su extensión, para que se garantice la atención integral de todos los beneficiarios; aumentar los servicios y la cuantía de las prestaciones, al menos, en un 20%; y mecanismos que aseguren la sostenibilidad económica de esta ley, incluyendo un nuevo marco de cooperación interadministrativa.

Con motivo del décimo aniversario de la aprobación de la Ley de Dependencia, el 14 de diciembre, UGT denuncia la escasa cobertura del sistema, ya que no es capaz de cubrir a todos los que necesitan la ayuda, y reclama mayores recursos para el sistema, tanto materiales como económicos.

El sindicato señala que existen 1.212.048 personas con un grado de dependencia reconocido y, de ellas, 355.596 están en lista de espera. Las prestaciones del sistema no son suficientes y paulatinamente van aumentado las personas que esperan una prestación económica o un servicio que, en algunos casos, nunca llega.

En este sentido, hemos asistido a la paralización de la ley y los efectos demoledores de los recortes y reformas aprobadas por el Gobierno del Partido Popular en estos últimos años, entre ellas el Real Decreto Ley 20/2012, que nos han conducido a un descenso de las personas atendidas; una reducción del número de horas de atención en el domicilio (aun cuando siempre fueron insuficientes); la falta de atención a las personas en situación de dependencia; una incompatibilidad completa de las prestaciones; la disminución de la cuantía de las prestaciones a percibir; la suspensión de la obligación de realizar el convenio especial, cuya cotización era sostenida por la Administración del estado, ya que más de 140.000 cuidadores dejan de cotizar a la Seguridad Social y se ha incrementado el copago…

Para UGT, los sucesivos recortes presupuestarios hacen dudar acerca de la sostenibilidad del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. La eliminación de fuentes de financiación está operando como un impedimento insalvable en la atención a las personas en esta situación. Mientras que, en el año 2011, la aportación vía Presupuestos General del Estado fue de 1.498 millones de euros más la aportación por convenios fue de 283 millones de euros; en el año 2016 la aportación vía presupuestos ha sido de 1.162 millones de euros y la aportación vía convenios desde el año 2012 es de cero.

De esta manera, disponemos de 619 millones de euros menos y, sin embargo, hay 154.946 beneficiarios más, algo totalmente incongruente. Se puede y se debe ofrecer una atención a todas las personas en situación de dependencia y que la atención sea de calidad, pero para ello hay que dotarse de los recursos suficientes.

Por ello, UGT exige al Gobierno la aplicación de la ley de dependencia, para que se garantice la atención y cuidados a las personas beneficiarias de forma integral, de tal forma que se asegure la percepción de las prestaciones universales y públicas como un derecho subjetivo; la derogación inmediata del Real Decreto de 2012, una protección eficaz de las situaciones de dependencia a través del incremento en la intensidad de los servicios, el aumento de la cuantía de las prestaciones al menos en un 20%, y establecer la compatibilidad entre determinadas prestaciones de tal forma que se alcance una protección íntegra.

Además, el sindicato reclama mecanismos que aseguren la sostenibilidad económica de la ley, garanticen los niveles de protección del sistema e instauren un nuevo marco de cooperación interadministrativa.

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Infografía "10 años de la Ley de Dependencia"