​La Unión General de Trabajadores exige al Gobierno que cumpla el compromiso del anterior ministro de Justicia y derogue el artículo 315.3 del Código Penal, puesto que la enmienda presentada por el Ejecutivo al proyecto de Código Penal que se encuentra en trámite parlamentario es enrevesada, inentendible e innecesaria, ya que continúa criminalizando a los piquetes de las huelgas por ejercer un derecho constitucional. 

Para el sindicato, condenar a trabajadores y padres de familia, como en el caso de ArcelorMittal, por ejercer un derecho fundamental con penas de hasta cinco años y tres meses de prisión no es solo inconstitucional, sino revela un absoluto desconocimiento de lo que comporta el derecho de huelga y la libertad sindical, así como las orientaciones e interpretaciones que de tales derechos establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto a los convenios internacionales que se encuentran inmersos en nuestra Constitución.

Por ello, UGT exige que se derogue este artículo, tal y como se comprometió el anterior ministro, y no se olvide ese compromiso con parches como el que pretende instaurar ahora el Gobierno al seguir considerando un delito el ejercicio de este derecho, aunque se rebaje la pena, más aún cuando desde las asociaciones de jueces, e incluso la propia Fiscalía, lo consideran también injusto e inconstitucional.