Desde la promulgación de la ley de prevención de riesgos laborales se han realizado numerosos avances, sin embargo, no se ha conseguido uno de los principales objetivos, el de reducir la siniestralidad laboral, ya que, cada día en España mueren dos personas trabajadoras en accidente de trabajo. 

Para UGT, es evidente que algo falla cuando tras 29 años desde su entrada en vigor, en lugar de reducirse a mínimos, la accidentabilidad mortal en los primeros ocho meses de este año asciende a casi 500 personas trabajadoras fallecidas. 40 personas más que en el mismo periodo del año anterior.

El sindicato señala que la sociedad tiene muchos retos por delante, y no solo en lo que tiene que ver con la prevención de los accidentes de trabajo, sino también con las enfermedades profesionales. Conseguir que aflore el mayor número posible debe ser también una prioridad para obtener centros de trabajo seguros, saludables y libres de riesgos.

La prevención de riesgos laborales no puede limitarse a un trámite legal para evitar sanciones, la prevención debe integrarse en todos los niveles de las organizaciones para que resulte eficaz y adaptada a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras.

Por ello, UGT considera que es necesario que se actualice y se adapte esta Ley a las nuevas realidades del mundo del trabajo, que en los últimos años está cambiando vertiginosamente con la introducción de las tecnologías de la información y comunicación y con los nuevos modelos de organización del trabajo. En definitiva, anticipar y gestionar los cambios en el mundo laboral, para garantizar la seguridad y la salud en los lugares de trabajo durante las transiciones digital, ecológica y demográfica debe ser uno de nuestros principales objetivos.

Transiciones digital, ecológica y demográfica justas y seguras 

Desgraciadamente, estos días estamos viendo los efectos que el cambio climático tiene sobre la vida de las personas y sabemos que afectará en el futuro a la población de formas diferentes, también en el ámbito del trabajo. Por eso la Ley de Prevención debe reconocer esta realidad, asegurar que se previenen los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos adversos que deben ser analizados en las evaluaciones de riesgos, así como establecer las medidas preventivas adecuadas en función de las características de los trabajadores y trabajadoras. Los planes de emergencia y evacuación, deben ser elaborados con rigor, y ser conocidos por todas las personas que se encuentran en el centro de trabajo.

Además, UGT aboga por negociar un Plan de Choque contra la siniestralidad laboral en la Mesa de Diálogo Social actualmente abierta que debe contener, entre otras cuestiones, la mejora de la gestión de los riesgos psicosociales, debido a que la primera causa de muerte son los infartos y derrames cerebrales, patologías que pueden estar relacionadas con la exposición laboral a este tipo de riesgo. 

También es importante abordar la externalización generalizada de la gestión de la prevención en las empresas, ya que muchas de ellas recurren a los servicios de prevención ajenos, así como mejorar la integración de la prevención de riesgos en todos los niveles de la empresa.

Garantizar que las evaluaciones de riesgos

UGT considera que la nueva normativa debe garantizar que las evaluaciones de riesgos y las consiguientes medidas preventivas tengan en cuenta las capacidades de las personas trabajadoras desde el punto de vista de la edad, género o condiciones biológicas; debe potenciarse la prevención de los riesgos asociados a la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el entorno laboral. En este sentido, es imprescindible analizar las distintas situaciones del teletrabajo, y desterrar la idea de que este sistema de organización es inocuo para la seguridad y salud de los trabajadores, recordando la necesidad de realizar una evaluación de riesgos laborales, según lo recogido en la Ley de trabajo a distancia. También se debería avanzar en la regulación convencional del derecho a la desconexión como medida preventiva.

El sindicato reclama un aumento de los recursos humanos y materiales para la Inspección de Trabajo y, hasta que esto sea efectivo, propone fórmulas alternativas como que habilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como “auxiliares o colaboradores” cuando se constaten situaciones constitutivas de infracciones graves o muy graves.  

Por último, UGT reivindica una figura similar a la del Delegado/a Territorial de Prevención de Riesgos Laborales a nivel estatal, ya que es una realidad que los centros de trabajo sindicalizados son centros más seguros y la creación de esta figura ayudaría a mejorar la PRL.