La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que ha sido uno de los promotores de la Iniciativa por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda, ha participado este jueves, 23 de septiembre, en una reunión con los grupos políticos Unidas-Podemos, EH-Bildu, BNG, Nueva Canarias, Comprimís, Junts per Cat, CUP y Más País

El sindicato ha conseguido el compromiso de estos partidos políticos de defender, públicamente y a lo largo de su tramitación, la Ley que ha elaborado la Iniciativa y que se registrará la semana que viene en el Congreso. 

La “Ley por el Derecho a la Vivienda” busca blindar, definitivamente, la protección de este Derecho Humano, paralizando e impidiendo los desahucios sin alternativa habitacional adecuada y asegurando un alojamiento como primera intervención social, lo cual implica ampliar el parque público de viviendas y regular el mercado de alquiler.

El retraso de la aprobación de la Ley de Vivienda, que acumula ya más de 7 meses, ha conducido a la elaboración de la propuesta de UGT. Una propuesta ambiciosa e imprescindible para corregir los desequilibrios producidos por décadas de políticas orientadas a la propiedad de la vivienda y a la privatización de la vivienda pública. La defensa de esta Ley, supone posicionarse a favor del derecho fundamental de acceso a una vivienda y cuestiona un modelo productivo que sitúa a la vivienda como un activo financiero.

Los más de 150 colectivos y organizaciones que forman parte de la Iniciativa son conscientes de que la Ley puede sufrir modificaciones durante el proceso de tramitación parlamentaria, aunque no por ello se va a consentir que se alteren algunos aspectos señalados como líneas rojas, en tanto suponen las demandas centrales de la Iniciativa por el Derecho a la Vivienda Digna.

UGT hará todo lo posible para que la Ley aprobada sea lo más garantista posible. Corresponde ahora al Gobierno elegir en qué bando está, si entre los cientos de colectivos que están empujando para lograr una protección efectiva de este derecho o, en contraste, con la patronal inmobiliaria, que presiona insistentemente para seguir haciendo de la vivienda un negocio muy lucrativo. No se puede seguir negando este derecho, recogido tanto en nuestra Constitución como en la Declaración de Derechos Humanos.