UGT exige una globalización más justa, en la que se persiga la explotación y esclavismo laboral
Fecha: 24 Abr 2023
El sindicato continúa trabajando para conseguir herramientas jurídicas para que las empresas transnacionales sean responsables por sus acciones y exista una verdadera protección social para los trabajadores y trabajadoras de cualquier lugar del mundo.
Este 24 de abril, se cumplen 10 años, desde el accidente de Rana Plaza, en Bangladesh, en el que murieron 1.134 trabajadoras y trabajadores al desplomarse un complejo de nueve plantas donde se encontraban numerosos talleres textiles. Una catástrofe que conmocionó al mundo entero, y que mostró las pésimas condiciones laborales de estos trabajadores/as.
Esta tragedia evidenció lo que sindicatos de los cinco continentes llevaban denunciando durante mucho tiempo: la injusta y trágica realidad de las cadenas globales de valor, del conjunto de actividades que, debido a la deslocalización empresarial, realizan diferentes etapas de la producción de un bien, en distintas partes del mundo, y en las que las empresas, con el único fin de abaratar costes, llevan el total de su producción a países en vías de desarrollo y con condiciones laborales muy bajas, como el caso de Bangladesh, segundo país en exportación de productos textiles en el mundo.
Un día antes del desastre de Rana Plaza, los trabajadores y trabajadoras habían avisado de que existían grietas en los edificios y exigieron no tener que adentrarse en el interior del edificio hasta que se le diera una solución. Pero los empleadores amenazaron con su despido, lo que les obligó a trabajar y los llevo a una cruel e injusta muerte. El accidente mostró, así, como las multinacionales imponen una situación laboral basada en las más graves de las explotaciones que conducen a la muerte de los y las trabajadoras que en ellas se ocupan. Tras el accidente, los supervivientes y los familiares denunciaron penalmente, y solicitaron la reclamación de los daños y perjuicios causados en los países donde se encontraban los domicilios sociales de dichas multinacionales contratantes, pero el derecho procesal de cada país, al no existir una norma o normas internacionales que tuviese en cuenta la responsabilidad de la cadena de suministro, se convirtió en una trampa lenta, costosa e imposible.
Las organizaciones sindicales afiliadas a la Confederación Sindical Internacional (CSI), entre ellas la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT), dieron una respuesta unida y masiva, la deslocalización y la explotación laboral son causa de muerte. Más aún en países en vías de desarrollo.
Así fueron suscritos tres acuerdos transnacionales de gran importancia (aunque no suficientes desde el punto de vista de la responsabilidad en caso de accidentes): el Acuerdo sobre Incendios y Seguridad de los Edificios en Bangladesh, la Alianza para la Seguridad de los Trabajadores de Bangladesh y el Plan del Rana Plaza y su repercusión internacional, que dio lugar a numerosas resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y a un proceso de Tratado en Naciones Unidas, apoyado por sindicatos y cientos de organizaciones de la sociedad civil; un instrumento internacional, jurídicamente vinculante, sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, para impedir las violaciones de éstos, en la cadena de suministro.
Desde entonces, en el ámbito de la Unión Europea, se trabaja en un proyecto de directiva comunitaria en materia de diligencia debida, que preserve los derechos humanos en toda la cadena de suministro y en proyectos que amplíen las regulaciones propias en algunos Estados miembros, entre ellos Alemania y España.
UGT quiere recordar la tragedia y la memoria del millar de trabajadoras y trabajadores asesinados en Rana Plaza, que pone en evidencia la explotación laboral, el modelo económico en el que se basa la globalización. El sindicato continúa hoy trabajando espacios internacionales y nacionales para conseguir herramientas jurídicas para que las empresas transnacionales sean responsables por sus acciones y exista una verdadera protección social para los trabajadores y trabajadoras de cualquier lugar del mundo.