​UGT considera que el nuevo mecanismo de revisión de precios de la electricidad que analiza hoy el Consejo de Ministros es confuso y está abocado al fracaso y reclama al Gobierno un cambio de actitud para buscar soluciones desde el consenso para fijar una tarifa eléctrica que no perjudique a los ciudadanos. Un consenso que debe girar en torno a tres ejes: considerar el suministro eléctrico como un servicio público esencial, poner el sistema al servicio de la economía real y de la recuperación económica y establecer un modelo sostenible que impulse el ahorro energético y las energías renovables. El sindicato destaca que España es el tercer país de la UE con los precios de electricidad más elevados (solo por detrás de dos islas, Chipre e Irlanda), que en cinco años el precio se ha incrementado un 63%, cuando la media de aumento en la zona euro ha sido del 29% y que, además, nuestro déficit de tarifa asciende a 30.000 millones de euros, 3 puntos porcentuales de nuestro PIB de todo un año.

UGT considera que el Gobierno del PP está dando palos de ciego en relación al precio de la electricidad en España (especialmente después de eliminar, en el último momento, 3.600 millones de euros de los PGE, atendiendo las exigencias de Bruselas de seguir recortando el gasto). Así, ha aprobado una ley del Sector Eléctrico que ha nacido muerta, especialmente, en el mecanismo de fijación de precios por medio de subastas. Mientras continúa creciendo el déficit de tarifa (que ya alcanza los 30.000 millones de euros) el Gobierno ha anulado, sin explicaciones convincentes, el precio para el primer trimestre de 2014, determinado por la última subasta; ha impuesto un nuevo procedimiento para la determinación del precio de la electricidad basado de nuevo en el mercado, esta vez diario, creando una enorme confusión; y ha reducido el peso en la tarifa de la parte de consumo, aumentando el peso de la potencia instalada, aquella que se paga independientemente del consumo. Hoy de nuevo el Gobierno realiza una nueva revisión sobre lo ya revisado, suscitando de nuevo un caos considerable.

El sindicato destaca que estamos ante uno de los problemas estructurales más importantes que tiene España, tanto para nuestro sistema productivo, especialmente la industria (aquí tenemos un auténtico problema de desventaja competitiva), como para los ciudadanos, que vienen soportando un incremento permanente en el precio de un servicio público de primera necesidad, generándose claros casos de exclusión y pobreza energética. Además todo ello se está llevando a cabo sin diálogo, con imposiciones y sin abordar los verdaderos problemas que nos afectan y que tienen que ver con nuestro déficit de tarifa eléctrica, el precio de la electricidad en España, la falta de competencia, la pobreza energética y el papel del Estado en un servicio público que es esencial para toda la población y la actividad económica.

Específicamente, España tiene un grave problema en materia de coste de la electricidad. Somos el tercer país que paga la electricidad más cara, sólo por detrás de Chipre e Irlanda, dos islas, y al mismo tiempo tenemos un déficit de tarifa que asciende a 30.000 millones de euros, 3 puntos porcentuales de nuestro PIB de todo un año.

Lo que ocurre con la tarifa eléctrica no tiene ninguna lógica de mercado. Durante los últimos 5 años de crisis económica, con una importante caída de la demanda, el precio de la electricidad en España se ha incrementado un 63%, el mayor incremento de Europa, solo por debajo de Malta, Estonia y Letonia, mientras la media de aumento en la zona euro ha sido del 29%.Por tanto, en nuestro país menor demanda significa mayor precio, lo que debería llevar a pensar que algo falla.

UGT reclama al Gobierno la búsqueda de consensos respecto a la tarifa eléctrica en base a tres ejes: la consideración del suministro eléctrico como un servicio público esencial, poner el sistema al servicio de la economía real y de la recuperación económica y establecer un modelo sostenible que impulse el ahorro energético y las energías renovables.

Para UGT serían necesarias, entre otras medidas:

• Establecer un sistema de precios de la electricidad, de tal forma que éstos se adecúen en mucha mayor medida a los costes reales de producción.
• Implantar un sistema de apoyo social en materia de electricidad para afrontar los problemas de exclusión energética de los ciudadanos y lucha contra la pobreza energética.
• Propiciar el ahorro energético, estableciendo el precio en base al consumo en mayor medida que en base a la potencia instalada.
• Dotar de transparencia y control al sistema de fijación de precios, simplificando la factura.
• Introducir en todas las fases del suministro eléctrico, especialmente en la generación, un mayor nivel de competencia.
• Estudiar la reforma de la fiscalidad que actualmente se aplica y traslada a la factura eléctrica y al consumo del sistema y que terminan pagando finalmente los consumidores individuales o empresas.
• Analizar y comprometer una solución para el actual déficit de tarifa generado (que corre el riesgo de aproximarse al coste de rescate de la banca en nuestro país)
  

Analizar y evaluar las políticas de ayudas y primas a las tecnologías renovables

UGT considera que la dependencia energética y el precio de la energía, junto con otros factores como las carencias en I+D+i y el fraude fiscal, son verdaderos lastres para la competitividad de nuestra economía (aunque el objetivo siempre se centre en los costes laborales). Destaca que la energía es un elemento central para el cambio de modelo productivo y reafirma su apuesta por un futuro basado en la energía sostenible como base de una nueva revolución industrial.