El sindicato denuncia la precariedad de un colectivo dedicado a dar soporte a las víctimas, algo que puede costar vidas 

Desde 2018, y bajo el lema “Esto no es un negocio. La precariedad laboral en los servicios externalizados de atención a la violencia de género”, UGT está reclamando la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de las personas, en su mayoría mujeres, que prestan su actividad laboral en los recursos estatales de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género, especialmente en atención telefónica en el “016” y “Dispositivos de control telemático de medidas y penas de alejamiento”.

En el día de ayer, UGT tenía programada una reunión con la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rossell. Un encuentro que fue desconvocado por parte de la citada institución a última hora de la tarde y retrasado para el 19 de noviembre, por lo que el sindicato empieza a tener dudas sobre si la citada reunión se llevará a cabo finalmente.

Desde el pasado mes de septiembre, fecha en la que ya se solicitó esta reunión de manera urgente, UGT está a la espera de poder poner en conocimiento de la señora Rosell las graves consecuencias que tienen para las trabajadoras de atención a las mujeres víctimas de violencia de género las condiciones laborales que recogen los pliegos de licitación de los recursos estatales (que dependen directamente de la delegación del Gobierno).

Es necesario mejorar los pliegos

El sindicato desconoce si los recursos han sido mejorados o no, ante su inminente fecha de renovación: el próximo día 31 de diciembre, por lo que resulta urgente e imprescindible poner en conocimiento de la Administración pública con competencia en este ámbito la precariedad que sufren algunos de estos servicios; un hecho que, como ya hemos reseñado, UGT viene denunciando desde hace más de dos años bajo un argumento inapelable: calidad en el empleo es calidad en el servicio y, en este caso, estamos hablando de un servicio que puede salvar vidas.

Sería lamentable que, llegados a este punto, no haya tiempo material para mejorar los pliegos de condiciones para el acceso a la prestación de este servicio por parte de las empresas y no se apliquen medidas de control sobre las propias entidades que aspiran a prestar el servicio priorizando, siempre, las cuestiones laborales como un elemento fundamental.

La calidad en el empleo es calidad en el servicio

Los puntos que iban a abordarse en la reunión entre UGT y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que ha sido aplazada, son:

• El encubrimiento de trabajo cualificado en categorías laborales no cualificadas. Hay que garantizar que el personal cualificado en violencia de género sea categorizado y remunerado como tal. Se debe recategorizar al personal para corregir esta anomalía. Se debe verificar, también, que el personal directivo y los mandos medios sean especialistas en violencia de género.
• La necesidad de que la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género ejerza la función de control de los contratos suscritos para la prestación de estos servicios públicos establecida en la Ley de Contratación del Sector Público.
• Que se cree una Comisión de Control de las Externalizaciones dentro del Observatorio de Violencia de Género, órgano de participación creado por la Ley Integral, que promueva la evaluación del impacto en la calidad en el empleo y en la calidad de los servicios de los procesos de externalización en marcha, así como la publicación de sus resultados.
• Replantear la evaluación del desempeño del personal bajo criterios acordes a los estándares profesionales de intervención en violencia de género y no a los de los call center privados.

Por todo ello, UGT seguirá reclamando la urgencia de la reunión prevista al Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, y poder dar una respuesta definitiva a la situación de precariedad laboral en la que prestan el servicio este colectivo de trabajadoras.