​La Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, reunida hoy en Bilbao (Bizkaia), tras analizar el Debate de Investidura celebrado los días 26 y 27, y ante la previsible constitución de un nuevo Gobierno tras la segunda votación que se celebrará el sábado, requerirá al Ejecutivo que ponga en marcha inmediatamente el diálogo social al que se ha comprometido el candidato a presidente y que negocie un nuevo contrato social que reestablezca los derechos sociales y los anteponga a los intereses económicos. Para ello, UGT planteará una serie de medidas con el objetivo de rescatar a las personas mediante la creación de empleo, la protección social y el desarrollo económico y social.

La Unión General de Trabajadores considera que la sociedad no puede esperar, porque sus graves problemas no lo hacen. Por eso, en línea con el documento "20 Actuaciones Urgentes por el Progreso y el Bienestar Social" que elaboramos conjuntamente UGT y CCOO y que cuenta con el respaldo de la mayoría absoluta de las fuerzas parlamentarias, planteamos una serie de medidas que consideramos imprescindibles para solucionar los problemas laborales y sociales más graves de nuestro país, que son los de la mayoría de la sociedad española, pondremos esas medidas sobre las mesas de negociación que se ha comprometido a poner en marcha el candidato a la presidencia y emplazamos al futuro Gobierno, y al resto de las fuerzas parlamentarias y agentes sociales a que se comprometan a discutirlas y, a aquellos partidos políticos que se comprometieron a respaldarlas, a defenderlas.  

Para UGT es prioritario recomponer la sociedad rescatando a las personas de los tremendos daños sociales ocasionados por más de ocho años de intensa crisis y por seis años de políticas de recortes y de desmantelamiento de los sistemas públicos esenciales. El crecimiento económico no logrará eso por sí solo. Se necesita una acción decidida de los poderes públicos para reparar los daños ocasionados, y esto requiere de un pacto global que plantee este rescate de manera extensa y coordinada, que afecte a toda la protección social de nuestro país, que se ha deteriorado de manera muy preocupante y podría desembocar en fractura social, si no se actúa con urgencia.

UGT considera necesario conformar un proyecto de país duradero y sostenible, que se asiente sobre consensos básicos que aseguren la estabilidad, que trasciendan por tanto el plazo temporal de una legislatura, y que recojan soluciones urgentes y eficaces a los problemas de la ciudadanía.

Plantearemos, por tanto, dos líneas de negociación:

A. Una línea de actuación urgente, que debe implicar medidas de rápida puesta en marcha para rescatar a las personas y sentar las condiciones mínimas para iniciar el proceso de negociación de las actuaciones que precisan mayor debate. Aquí se incluirían:

En empleo y relaciones laborales:

• Poner en marcha un plan de choque por el empleo, con medidas específicas para los colectivos con mayores dificultades.

• Derogar las reformas laborales de 2010 y 2012.

• Establecer por ley el valor del SMI en un nivel equivalente al 60% del salario medio neto, fijando como primer paso un SMI de 800 euros para 2017.

• Ampliar los criterios de acceso al Programa de Activación para el Empleo (PAE) y recuperar los requisitos que el Plan de Recualificación Profesional (PREPARA) tenía antes del Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto.

En protección social:

• Derogar la reforma del sistema de Pensiones de 2013.
  
  
• Establecer una Prestación de Ingresos Mínimos que amplíe la acción protectora de la Seguridad Social y garantice unos ingresos básicos a las personas que carecen de empleo.
  
  
• Acabar con los desahucios de primeras viviendas que no estén acompañados de una alternativa para los desalojados.
  
  
• Derogar los cambios en la Ley de Dependencia y garantizar su aplicación efectiva para asegurar la atención y cuidados de forma integral.
  
  
• Combatir la pobreza energética.

En libertades y garantías democráticas:

• Derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
  
  
• Derogar el art. 315.3 del Código Penal, exonerar a todos los trabajadores y trabajadoras procesados y/o condenados por participar en una huelga, y eliminar los expedientes que se les han abierto y cerrar todos los procedimientos, indultos incluidos.

En la defensa de los derechos humanos:

• Exigir un compromiso real con la defensa del derecho de asilo y el respeto a los derechos fundamentales de los migrantes en España y en las instituciones europeas.
  
  
• Promover un nuevo enfoque de la política europea de migraciones en la que el objetivo principal sea impedir que las personas mueran o pongan en peligro su vida intentando llegar a territorio europeo.

B. Una segunda línea de actuación que requiere de un grado de análisis más dilatado y extenso, en el seno del proceso de diálogo social, incluiría:

1. EMPLEO: Situar la reducción del desempleo y la creación de empleo de calidad, mediante la actuación sobre la contratación, como objetivo número uno de todas las políticas.

2. EUROPA: Negociar una posición común para plantear en Europa otra política económica y presupuestaria, que suponga el fin de la política de austeridad.

3. SALARIOS: Acordar una estrategia de crecimiento de los salarios que suponga que ganen poder adquisitivo y participen del crecimiento económico, tanto en el sector privado como en el público.

4. PROTECCIÓN SOCIAL: Fortalecer el gasto social, establecer un suelo de gasto público y revertir las reformas que han recortado los servicios públicos, la calidad de estos y las bases del estado de bienestar.

• 4.1. PENSIONES: Reactivar el Pacto de Toledo para consensuar una reforma del sistema de pensiones que garantice su sostenibilidad futura y la calidad de las pensiones, mediante nuevas fuentes de financiación de todo el sistema de pensiones, vía impuestos.

• 4.2. PRESTACIONES POR DESEMPLEO: Realizar una reforma del sistema de protección por desempleo para hacerlo más inclusivo y extenso, estableciendo un mínimo de cobertura de la prestación por desempleo del 75% de los actuales desempleados.

•  4.3. SANIDAD: Restituir el derecho universal a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria y recuperar el carácter público de Sistema Nacional de Salud.

•  4.4.  SERVICIOS SOCIALES: Instaurar un sistema público de servicios sociales, con prestaciones y servicios suficientes que garanticen una protección universal.

5. SISTEMA FISCAL: Realizar una reforma fiscal integral, que logre aumentar la recaudación y mejorar la justicia del sistema tributario.

6. EDUCACIÓN: Derogar la LOMCE, y consensuar una Ley educativa asentada en un pacto social y político por la educación.

7. IGUALDAD: Poner la igualdad de trato y la no discriminación en el centro de todas las políticas.

8. MODELO PRODUCTIVO: Poner en marcha un Plan Estratégico para la Industria.

9. SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS: Establecer un sistema objetivo de clasificación por gravedad de los accidentes de trabajo, revisar el sistema de clasificación y declaración tanto de los accidentes de trabajo como de las enfermedades profesionales, y derogar la ley de mutuas.

10. FORMACIÓN: Retirar recursos de las bonificaciones a la contratación y reorientarlos a implantar como un derecho el tratamiento personalizado de los desempleados a través de la orientación e intermediación públicas y la formación y recualificación.

UGT recuerda que nuestro país necesita, de manera prioritaria y urgente, actuaciones para crear empleo con derechos (1 de cada 5 españoles está en el paro, la mitad de los desempleados son de larga duración, y uno de cada dos jóvenes no tiene trabajo), para mejorar el sistema de protección social (la mitad de los parados no tienen ningún tipo de cobertura) y combatir la pobreza creciente incluso entre la población trabajadora (3,6 millones de asalariados viven con menos de 350 euros al mes, 700.000 españoles no tienen ningún tipo de ingresos, 1,5 millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro, y uno de cada cuatro ciudadanos vive por debajo del umbral de la pobreza) y ninguna de esas cuestiones forman parte del programa de Gobierno planteado por el candidato a la presidencia.

No contempla una revisión con las instituciones europeas de los plazos para la consolidación fiscal que eviten a la sociedad española nuevos sacrificios (la Comisión Europea nos exige un nuevo ajuste de 5.500 millones); no contempla la derogación de las reformas laborales, imprescindible para restablecer derechos esenciales de los trabajadores y restaurar el equilibrio en las relaciones laborales. No tiene planes para el fortalecimiento de las políticas esenciales del Estado de Bienestar, ni una política fiscal con medidas contundentes frente al fraude, que incremente la tributación de los que más tienen y de los que eluden con diversas fórmulas su responsabilidad de aportar recursos a la sociedad de la que forman parte. No plantea invertir recursos en un plan de choque para la creación de empleo, ni un incremento sostenido del SMI, ni medidas para la viabilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, o una estrategia para la recuperación de unos servicios públicos de calidad y de acceso universal. Son estas cuestiones las que consideramos prioritarias para recuperar un proyecto de país ilusionante, incluyente, solidario y dispuesto a superar nuestras dificultades con la vista puesta en asentar las bases de un futuro en el que los ciudadanos podamos confiar. En este sentido sería fundamental derogar la Ley Mordaza, promover las reformas legales que han abocado a sindicalistas como los de Arcelor a tener que reclamar ante la justicia europea su derecho a ejercer el derecho de huelga en libertad y sin la presión de ser penados o encarcelados.

Finalmente, UGT considera una prioridad para el Gobierno de la próxima legislatura recuperar el protagonismo de España en el entorno europeo e internacional.

UGT considera esencial abordar estas cuestiones para iniciar el nuevo tiempo político que demandaron los ciudadanos en las Elecciones Generales y que necesita nuestra sociedad para reparar las fracturas sociales abiertas en nuestro país durante los últimos años. Sería completamente inaceptable escudarse tras el argumento de la presunta falta de recursos públicos o de los compromisos para reducir el déficit para evitar que esas brechas se conviertan en estructurales, y nos obligaría a preguntarnos para qué sirve el crecimiento económico sino es para mantener vigentes los principios de cohesión, solidaridad, equidad e igualdad sobre los que se asienta el consenso constitucional.

Declaraciones de Pepe Álvarez tras la reunión de la CEC de UGT