El Sindicato apuesta por un sistema fiscal con una fuerte capacidad recaudatoria, la que se necesita para tener un sistema de servicios públicos amplio, eficiente y capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía en condiciones de equidad y calidad

El 43 Congreso Confederal de UGT ha establecido con todo detalle una propuesta de reforma integral de nuestro sistema fiscal que el Sindicato considera clave para restituir los derechos de la ciudadanía como prioridad política esencial de cualquier gobierno, prioridad que no debe estar sometida, como se hizo con la reforma constitucional de 2010, a reglas como el equilibrio fiscal o el control del déficit público.

La revista de información sindical UNIÓN decida su número de esta semana a analizar de forma pormenorizada esta propuesta que el Sindicato ha establecido como eje central de su actuación y parte de una estrategia global dirigida a devolver a los trabajadores y trabajadoras al centro de las políticas públicas, aumentando la redistribución de la renta y la riqueza.

La reforma que se plantea alcanza a todas las figuras fiscales y la creación de algunas nuevas, no sólo para garantizar la suficiencia de recursos públicos, sino también para reequilibrar el peso de las figuras tributarias de forma que la imposición directa (la que tiene en cuenta la situación del contribuyente a la hora de aplicarla) tenga más protagonismo en el conjunto del sistema.

No se trata, en ningún caso, de promover una gestión pública carente de control o ajena a los principios del equilibrio financiero. Se trata de que un sistema tributario que carga su capacidad recaudatoria en las clases medias y trabajadoras, que grava poco o nada la actividad empresarial y la acumulación de riqueza, no puede financiar educación pública, ni sanidad pública, ni ingresos mínimos vitales, ni políticas sociales, ni pensiones, ni ninguna de las cosas que permiten a la ciudadanía vivir en condiciones dignas sea cual sea su nivel individual de renta. Se trata de evitar que, ante una crisis como la de 2008, el gobierno de turno decida endeudarse para salvar a los bancos pero retire la financiación (recortes) a todo lo que son servicios a la ciudadanía.

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