Un estudio que, como ha señalado Abad, “da continuidad al anterior, que arrojó datos muy preocupantes sobre la discriminación que sufren las personas LGTBI en el trabajo, estableciendo un diagnóstico muy cercano a la realidad con el fin de impulsar propuestas para acabar con esta situación. Además, cuenta con datos pormenorizados de la realidad de las identidades trans en el empleo, las dificultades en el acceso o si el debate sobre sus derechos ha supuesto un empeoramiento en sus condiciones de trabajo”.

De esta forma, el estudio está realizado en base a 2.480 respuestas válidas, de las cuales 1.500 son personas no LGTBI y casi 1.000 son personas LGTBI. Además, se ha generado una distribución homogénea en cuanto a sectores, con prácticamente la misma distribución de respuestas del sector público y privado, impulsando de esta forma una panorámica general interesante que completa el primer estudio de 2020.

Los datos reflejan una situación muy grave

Una panorámica que, para Toño Abad, “sitúa una sociedad que hoy se muestra irreconocible”, ha señalado. “Se permite que, desde las tribunas políticas y fachadas de los edificios de los partidos, con dinero público, se sitúe nuestra bandera LGTBI y feminista en la papelera, como si fuésemos algo desechable, con una derecha que cabalga a lomos del fascismo. El peligro no somos las personas LGTBI, lo que hemos hecho es luchar por nuestros derechos para mejorar la sociedad y hacerlos más plural. El peligro está en los pactos de la derecha de este país en algunos ayuntamientos o comunidades autónomas”.

Pactos que profundizan en datos ya de por sí muy graves. “El 50% de las personas LGTBI que hemos consultado consideran que no estamos aceptadas socialmente, que nuestra situación no es buena en general, pero se agrava en el caso de las personas trans, donde el 70% considera que no están aceptadas; el 75% de las personas LGTBI consideramos que no tenemos las mismas oportunidades que las personas heterosexuales en el trabajo, una cifra para reflexionar que llama mucho la atención; y el 55% de las personas trans reconoce que ha sido excluida de forma directa o indirecta en entrevistas de trabajo. Esto genera situaciones de discriminación inaceptables que obligan a ocultar nuestra condición sexual en el trabajo para no penalizar la carrera profesional”. 

Una situación que tiene “consecuencias muy negativas, cuantificables en derechos y en salario. Renunciamos a pedir permisos retribuidos por matrimonio o de acompañante a cónyuges en visitas médicas. En un 41% de los casos, evitamos hablar de nuestra vida personal en el trabajo por miedo a la discriminación. Son situaciones inasumibles”. 
Además, en el ámbito laboral, “3 de cada 10 personas LGTBI manifiestan haber sufrido agresiones verbales, un 78% referidas a chistes y rumores sobre la orientación sexual, y un 52% insultos. Conductas acosatorias que hacen que casi 7 de cada 10 personas LGTBI consideren que ser LGTBI es un inconveniente para buscar un trabajo”. 

UGT, a la vanguardia en la lucha por los derechos de las personas LGTBI

Para el responsable confederal de Acción LGTBI de UGT, “la Ley Trans y LGTBI ha supuesto un gran avance para los derechos de estas personas, con aportaciones tan importantes del sindicato como el artículo 15.1, que establece la obligación de las empresas de más de 50 personas trabajadoras a planificar medidas para el respeto de sus derechos. Incorpora de forma obligatoria un protocolo contra el acoso discriminatorio en las empresas, medida fundamental para lograr centros de trabajo inclusivos que queremos que se desarrolle durante la próxima legislatura”.

Pero, ante la situación de incertidumbre política, ha recordado que “UGT introdujo en el V AENC, por primera vez, un capítulo sobre los derechos de las personas LGTBI, con especial referencia al artículo 15.1 de la citada ley. Un éxito, a nuestro juicio, porque pase lo que pase en el futuro con la Ley, el acuerdo tendrá efectos plenos en la Negociación Colectiva y fundamentalmente hará que este aspecto de la diversidad LGTBI se materialice por fin como una realidad material en los centros de trabajo”.

Además, en la Ley de Empleo “hemos introducido una mirada inclusiva de las políticas activas de empleo a las personas LGTBI en situación de vulnerabilidad, especialmente las personas trans que sufren niveles altos de exclusión laboral, a través de un mecanismo de mejora de la coordinación de los servicios sociales con los servicios de ocupación y empleo”.
“La prioridad de UGT es revertir una situación de anomalía democrática”, ha asegurado. “Ninguna persona puede recibir los niveles de violencia que sufrimos las personas LGTBI en el empleo. Tenemos derecho al empleo en condiciones dignas y seguiremos introduciendo medidas que favorezcan derechos en los centros de trabajo. Mientras no haya igualdad en el empleo, no habrá igualdad real en las calles y en la sociedad”. 

⇒ Resumen Ejecutivo de la II Edición del Estudio: "Hacia centros de trabajo inclusivos. Discriminación de las personas trans y LGTBI en el ámbito laboral en España en 2023" elaborado por UGT

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