​Los Presupuestos de la Seguridad Social (SS) para 2017 insisten en los mismos planteamientos y errores que en años anteriores y enmascaran unas previsiones de ingreso difíciles de alcanzar (a la vista  de las liquidaciones de los ejercicios presupuestarios 2012/2016). Asimismo plantean una contención de gastos, propiciada por la casi congelación de las pensiones. Éstas solo se incrementan un 0,25%, lo que va a implicar una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas. Si a 31 de diciembre se confirman las previsiones del IPC del 2%, la pérdida se situaría en el 1,75%. 

lgo difícilmente explicable también con un escenario de crecimiento económico cercano al 3% este año, tal y como prevé el Gobierno y Bruselas (que lo sitúa en el 2,8%)

Los Presupuestos de la SS para 2017 son más de lo mismo: contención del gasto, porque sigue priorizándose en las políticas el dogma de cumplir los objetivos de déficit, y previsión de ingresos difícilmente realizable.

Ingresos 

El Gobierno utiliza un truco para hablar sobre el crecimiento de los ingresos de la Seguridad Social este año. En lugar de comparar las cifras de los presupuestos iniciales, entre este año y el anterior (como siempre ha sucedido) utiliza la liquidación del ejercicio de 2016. Este hecho oculta las diferencias abrumadoras entre lo presupuestado para 2016 y la realidad. Por medio de este mecanismo se eluden los errores en la presupuestación para 2016 y se trasladan a 2017 en buena medida los objetivos contenidos y no alcanzados del último presupuesto.

Así el Gobierno usa los datos de liquidación del ejercicio 2016 para afirmar que los ingresos por cotizaciones sociales crecen en más del 6,6% en 2017.  Sin embargo cuando comparamos presupuestos iniciales se observa que los ingresos por cotizaciones presupuestados para 2017 son inferiores en casi 10.000 millones de euros a los que se preveía ingresar en el inflado Presupuesto de 2016 (es decir, son inferiores en cerca de un 5,70%).

Por eso, UGT considera que son necesarias medidas adicionales que incrementen los ingresos por cotizaciones de las empresas y a las abonadas desde el Servicio Público de Empleo por las prestaciones por desempleo.  En este sentido, el sindicato reclama:

• Una subida adicional de las bases máximas de cotización  (que supere el porcentaje en que ha subido la base mínima de cotización del Salario Mínimo Interprofesional, es decir, el 8% y con efectos desde 1 de enero de 2017). 

• Establecer una cotización mínima en relación con los contratos a tiempo parcial de jornadas reducidas, una medida similar a la que se contempla para los contratos temporales de corta duración (en donde la cotización empresarial se incrementa en un 36%).  En este sentido, en los contratos a tiempo parcial con una jornada contratada inferior al 50% de la jornada ordinaria, la base mínima de cotización debería ser igual a la correspondiente a 4 horas diarias de actividad. Y cuando la jornada es similar o superior al 50% de la jornada ordinaria, se cotizaría por una base mínima equivalente a la base mínima diaria aplicable a los contratos a jornada completa.

• Recuperar la regulación en relación con la cotización de los desempleados  que a partir de una edad (en la actualidad 55 años, aunque habría que volver a los 52 años) acrediten todos los requisitos para acceder a la pensión de jubilación. En estos supuestos de subsidio de desempleo, el Servicio Público de Empleo Estatal debería cotizar por una base de cotización equivalente al 125 por ciento de la base mínima. Se trata de volver al sistema anterior a la modificación unilateral llevada a cabo, en 2012, por el Gobierno del PP.

En segundo lugar, lo mismo que con las cotizaciones ocurre en relación con las transferencias del Estado a la Seguridad Social. Si la comparación se efectúa con el presupuesto inicial  de éste último ejercicio se desprende una reducción de más del 0,52%. Una reducción que es consecuencia de que aquel presupuesto contempló un aumento en las transferencias del Estado que finalmente no se ha producido. Pero, el fondo de la cuestión es que no parece razonable que, en unos momentos de depresión de los ingresos propios de la Seguridad Social, consecuencia directa de la política económica del Gobierno, se reduzca la transferencia del Estado a la Seguridad Social. Por lo cual las transferencias del Estado en los presupuestos para 2017 deberían tomar como base la realización de las no efectuadas el año pasado.

En especial cuando la mayoría de los regímenes y sistemas especiales de la SS muestran cuantiosos déficits (ya que  no pueden financiarse con sus cotizaciones) y se mantienen con cargo a las cotizaciones del Régimen General y con los recursos del Fondo de Reserva, en lugar de hacerlo con transferencias del Estado.  Más de 10.000 millones de euros del déficit de la SS en 2016 tienen este origen. Las transferencias del Estado para financiar estas políticas iniciarían el proceso de clarificación de las cuentas de la Seguridad Social y de su estructura de financiación tal y como ha demandado UGT como primer paso fundamental para abordar el problema del desequilibrio financiero de la SS.

Gastos

El presupuesto de gasto de la SS experimenta un crecimiento en 2017, frente al presupuesto inicial de 2016, del 2,84% (más de un 4,4% si se compara con la liquidación del ejercicio 2017).

Sorprende el crecimiento tan fuerte de la Incapacidad Temporal en el ejercicio 2016 (que supuso una desviación, frente a las previsiones iniciales, de más del 27%). Algo que no se corresponde ni con el incremento de los trabajadores con cobertura de esta prestación, (alrededor del 3,5%), ni con el añadido del incremento de los salarios, y de las bases de cotización (en menos de un 1,5%). Ambos factores solo suponen un incremento de algo más del 5%.

No se ofrece explicación alguna para tal incremento. En su lugar, la vuelta a la “técnica” seguida en la documentación presupuestaria para 2017, consistente en efectuar la comparación de lo presupuestado para 2017 con la liquidación del ejercicio 2016, intenta una vez más enmascarar esto,  ya que se alude a que el incremento del gasto de la IT experimenta el moderado incremento del 1,47 por 100, cuando si la comparación se efectúa, entre los Presupuestos iniciales, ese incremento se acerca al 30 por 100 (29,44%).

Respecto a los gastos de personal  apenas suben (tienen un mínimo incremento del 0,5%  en comparación con lo presupuestado para 2016). Además no dan solución a las altas tasas de jubilación de los funcionarios, en los últimos años. Es decir, no se resuelve la problemática, que ha llevado a una situación insostenible en la gestión de la SS, con frecuentes y constantes cierres de oficinas y dependencias.

Por otra parte, el gasto es también muy insuficiente en pensiones (tan solo suben un 0,25%, muy por debajo de la inflación prevista para 2017, con lo que los pensionistas volverán a perder poder adquisitivo). UGT ha reclamado y continuará haciéndolo una revalorización adicional de las pensiones que evite esto y un incremento aún mayor para los titulares de pensiones mínimas, no contributivas y pensiones no concurrentes del SOVI.

Asimismo, exige otro tipo de medidas como incluir, dentro de los colectivos exentos de copago farmacéutico, a los perceptores de pensiones mínimas, y titulares de pensiones no concurrentes del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez- SOVI)
Por último, los Presupuestos para 2017 dan por hecho seguir esquilmando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social como en años anteriores (de 2012 a 2016), pues el Gobierno vuelve a habilitarse en los Presupuestos para superar el establecimiento del límite del 3 por 100 del gasto correspondiente a pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión que establecía la ley reguladora del Fondo de Reserva.

Finalmente, los Presupuestos contemplan para la financiación del desequilibrio entre ingresos y gastos de la SS para 2017 la concesión por parte del Estado de un préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que supondrá un nuevo endeudamiento de la Seguridad Social con el propio Estado.
A juicio de UGT esta decisión carece por completo de justificación.

Primero, porque el déficit de la SS tiene su origen en que está soportando gastos que no le corresponden (la financiación del déficit provocado en determinados regímenes por políticas que no responden a un sistema contributivo, la realización de Políticas de empleo con cargo a la SS, y el sostenimiento de gastos de funcionamiento de la Administración) y en que tampoco recibe ingresos que le corresponden (por el establecimiento de topes de cotización que dejan sin cotizar cada año a unos 25.000 millones de euros de los salarios más elevados). Y segundo, porque durante muchos años se han utilizado fondos de la Seguridad Social y del Fondo de Reserva para sufragar gastos que en realidad le correspondían al Estado.

Por lo tanto, UGT defiende que se anulen tales créditos a la SS  y que el Gobierno apruebe las transferencias que corresponden que el Estado realice a la Seguridad Social poniendo para ello el dinero necesario.