​UGT rechaza rotundamente el acuerdo de la Unión Europea con Turquía sobre migraciones, considera que los gobernantes europeos están actuando de manera irresponsable y que la ciudadanía no entendería que adoptasen decisiones que vulneran derechos humanos fundamentales, levantan nuevas fronteras, y niegan asistencia humanitaria a solicitantes de asilo y migrantes.

En este sentido, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, recuerda al Gobierno del PP, en funciones,  que "la Declaración adoptada en el Congreso de Diputados, exigía que defendiera una postura acorde con el respeto de los derechos humanos y las obligaciones establecidas por la normativa internacional. El Ejecutivo en funciones ha eludido sus responsabilidades y debe dar cuenta a la sociedad española de lo acordado en el Consejo de la Unión Europea a través de su comparecencia en el Congreso de los Diputados".

El Sindicato recuerda que los ciudadanos, que se movilizaron masivamente el pasado 16 de marzo, han exigido al propio Gobierno español y a las autoridades europeas que  respeten la legalidad internacional y el derecho fundamental de asilo, que está garantizado por convenios internacionales y ni es interpretable, ni puede ser utilizado en las relaciones internacionales para conseguir otros propósitos.

Las modificaciones introducidas en el acuerdo, son puramente formales y no afectan al objetivo inicial, la devolución a Turquía de migrantes y solicitantes de asilo que ya se encuentran en territorio europeo. El pretendido respeto a la normativa internacional que se incluirá en el Acuerdo y que ha sido exhibido como un logro por el Presidente del Gobierno español, se queda en una mera declaración sin efectos. Las solicitudes de quienes provengan de un “tercer país seguro”, y Turquía tienen este estatuto, serán consideradas inadmisibles y por lo tanto no se examinarán.

El “programa 1 por 1”, por el que se reasentaran en la Unión Europea solicitantes de asilo procedentes de Turquía, canjeándolos por migrantes y solicitantes devueltos desde el territorio de la Unión, es una medida bochornosa que mercadea con las personas y que no asegura en ningún caso los derechos fundamentales de las personas que sean devueltas a Turquía.

La Unión General de Trabajadores rechaza un Acuerdo que nunca ha tenido como objetivo afrontar con responsabilidad y solidaridad la situación humanitaria, sino, como han recalcado las autoridades europeas, reducir el flujo irregular de migrantes procedentes de Turquía. "No es un acuerdo, es un contrato que incumple la normativa internacional, con contraprestaciones a Turquía para que se convierta en nuestra frontera externalizada y para trasladar a este país la catástrofe humanitaria que ni las autoridades europeas ni los gobiernos han querido afrontar. Un contrato inmoral, inhumano e inaceptable en una sociedad democrática", señala Antoñanzas.