En plena crisis inflacionista por la guerra de Ucrania y con el coste de los precios de los alimentos y la energía disparados, UGT considera inaceptable plantear el retorno a la aplicación del corsé de las reglas de déficit y gasto, algo absurdo desde un punto de vista económico y muy preocupante para las necesidades de protección a las personas vulnerables que precisa la Europa Social. 

La Comisión ha ofrecido orientaciones a los Estados miembros sobre la ejecución y la coordinación de la política fiscal, a la luz de las dificultades de las finanzas públicas y la economía y los debates sobre el futuro marco de gobernanza económica.

Consecuencias de la desactivación de la cláusula general de salvaguardia y de la revisión en curso de la gobernanza económica.

La cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que prevé una desviación temporal de los requisitos presupuestarios que normalmente se aplican en caso de grave recesión económica, se desactivará a finales de 2023. El final del periodo de vigor de la cláusula general de salvaguardia supondrá la reanudación de las recomendaciones específicas por país sobre política fiscal, cuantificadas y diferenciadas en función de los retos de los Estados miembros en materia de deuda pública.

Se están celebrando conversaciones sobre un marco de gobernanza económica revisado, basado en las orientaciones de la Comisión presentadas en noviembre de 2022. Hasta que entre en funcionamiento un nuevo marco de gobernanza económica y habida cuenta de la nueva realidad posterior a la pandemia, no procede volver a aplicar únicamente las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en vigor antes de la activación de la cláusula general de salvaguardia en 2020.

Puesto que todavía no se ha establecido un nuevo marco jurídico, basado en las conclusiones de la revisión en curso de la gobernanza económica, el actual sigue siendo de aplicación. Al mismo tiempo, para facilitar una transición eficaz hacia el futuro conjunto de normas fiscales de la UE y tener en cuenta los retos actuales, algunos elementos de las orientaciones de reforma de la Comisión podrían incorporarse al ciclo de supervisión fiscal.

Por lo tanto, la Comisión está dispuesta a formular recomendaciones específicas por país sobre política fiscal para 2024 que incluyan un requisito cuantitativo, además de orientaciones cualitativas sobre las medidas en materia de inversión y energía. 

Orientaciones sobre la elaboración de los planes de estabilidad y convergencia

Se invita a los Estados miembros a fijar objetivos fiscales en sus Programas de Estabilidad y Convergencia que cumplan los criterios de ajuste fiscal establecidos en las orientaciones de reforma de la Comisión. También se les invita a debatir la manera en que prevean que sus planes de reforma e inversión contribuyan a la sostenibilidad fiscal y al crecimiento sostenible e inclusivo, en consonancia con los criterios establecidos en las orientaciones de reforma.

Así pues, la Comisión está dispuesta a formular recomendaciones específicas por país de 2024 sobre política fiscal que:

• se ajusten a los objetivos fiscales establecidos por los Estados miembros en sus programas de estabilidad, siempre que tales objetivos sean compatibles con la garantía de que la ratio de deuda pública siga una trayectoria descendente o se mantenga en un nivel prudente y que el déficit presupuestario se sitúe por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB a medio plazo;

• se cuantifiquen y diferencien en función de las dificultades de los Estados miembros en materia de deuda pública;

• se formulen sobre la base del gasto primario neto, tal y como se propone en las orientaciones de reforma de la Comisión.