Es fundamental garantizar el acceso universal a suministros básicos

La segunda ola de la Covid-19 está castigando con mayor intensidad a las personas vulnerables en todos los ámbitos y en este contexto de pandemia, los suministros como la luz, el agua o el gas, son incluso más necesarios. Sin embargo, muchos consumidores vulnerables no podrán mantener sus hogares a una temperatura adecuada para su salud, ni adoptar las medidas higiénicas necesarias para combatir el virus, y tendrán que elegir entre alimentarse o pagar las facturas de estos suministros.

La disminución de ingresos, unida al incremento de los consumos domésticos y del coste de las facturas de estos suministros básicos, está provocando situaciones extremas con una perspectiva de recuperación incierta, larga y desigual, los consumidores vulnerables o en riesgo de exclusión social pasarán un invierno especialmente duro.

Tras finalizar, el pasado 30 de septiembre, la prohibición del corte de suministros (luz, agua y gas) adoptada por el Gobierno durante el estado de alarma, muchas familias que se encuentran todavía en situación de vulnerabilidad se han quedado desprotegidas. Por todo ello, el sindicato se ha adherido al manifiesto moratoria a los cortes de suministros, impulsado por decenas de organizaciones sociales

La normativa actual no garantiza el acceso universal a estos suministros. Los Reales Decretos Leyes 897/2017 y 15/2018, solamente prohíben los cortes de electricidad, y lo hacen durante un tiempo limitado, dos meses para los consumidores en general, y cuatro meses para los consumidores vulnerables y vulnerables severos. La medida recogida en el Real Decreto-ley 30/2020, tampoco es suficiente, limita el derecho a la percepción del bono social eléctrico, solamente a determinados colectivos en situación de vulnerabilidad económica (pérdida sustancial de ingresos por desempleo, ERTE, reducción de jornada por cuidados a empresarios, etc.), y está limitado en el tiempo solamente hasta el 30 de junio de 2021.

Sin embargo, no están incluidos otros suministros como el gas y el agua, que son extremadamente esenciales en estos momentos. El Bono Social Térmico está supeditado a los Presupuestos Generales del Estado y supone una cantidad muy pequeña que no ofrece solución al objetivo para el que fue creado.

Proteger a los más vulnerables

Por todo ello, UGT reclama la prórroga indefinida de la prohibición de los cortes de suministros de luz, agua y gas en el ámbito doméstico, hasta que se recoja legalmente el principio de precaución en materia de pobreza energética, que imponga a las compañías la imposibilidad de cortar cualquier suministro básico hasta que consulte la situación económica del hogar afectado con los Servicios Sociales competentes, y tenga la certeza de que no se trata de un hogar vulnerable.

Muchas familias con graves problemas económicos no podrán hacer frente a los pagos de las facturas acumuladas, por lo que son necesarias medidas de flexibilización que permitan facilitar el abono de los importes adeudados.

Además, hay que desarrollar adecuadamente la Estrategia Nacional de lucha contra la pobreza energética, reformar el bono social eléctrico y térmico, y adoptar medidas que permitan a los hogares vulnerables tener una vida digna, mantener sus viviendas a una temperatura adecuada, y consumir el agua necesaria, sin miedo a no poder pagar las facturas de estos suministros y verse privados de los mismos.

De la misma forma, el sindicato aboga por medidas como la suspensión de los procedimientos de desahucios sin alternativa habitacional así como la flexibilización de las condiciones de acceso al bono social pero también conservar indefinidamente la prórroga automática de los contratos de arrendamiento en vivienda habitual, evitando así nuevas subidas abusivas en el precio del alquiler.

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