Una delegación de UGT, encabezada por Pepe Álvarez y Ana García de la Torre, se reunieron ayer con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera

“Es hora de consolidar y afianzar la labor de los Agentes Forestales, un colectivo tan importante como necesario” y que se inicie cuanto antes la tramitación de la Ley Básica de Agentes Forestales”. Este es el principal mensaje que ha transmitido ayer UGT en la reunión con Teresa Ribera. 

Una reunión en la que ha participado: Pepe Álvarez, Secretario General de UGT; Ana García de la Torre, Secretaria de Salud Laboral; Joana Mor, Secretaria de Local y Autonómica de la FeSP-UGT; Luis Ángel Garrido, responsable del Sindicato Profesional de AAFFMM UGT-Servicios Públicos; y Juan Manuel Antón, de la portavocía Federal AAFFMM UGT- Servicios Públicos.

El sindicato recuerda que en 2018 los grupos políticos, ahora en el Gobierno ya sacaron adelante en el Senado la toma en consideración de esta Ley Básica de Agentes Forestales, con un amplio consenso y con tan sólo 9 votos en contra. Y que esta norma es una herramienta vital para regular la actividad de un colectivo que actualmente alcanza los 6.000 efectivos, pero también para la conservación de nuestros bosques y nuestra biodiversidad, cada vez más amenazada por los efectos devastadores del cambio climático.

Esta ley garantiza “una seguridad física y jurídica adecuada y protege a los que protegen”, porque “no podemos seguir lamentando más muertes en acto de servicio o asesinatos como los ocurridos con los compañeros Xavi y David fallecidos en 2017 mientras realizaban un control de caza”.

Hay que reforzar este colectivo, esencial para la protección medioambiental

A pesar de que los Cuerpos de Agentes Forestales y Medioambientales tienen 150 años de historia, su labor hoy es más necesaria que nunca.
España es el Estado de la Unión Europea que más superficie aporta a la Red Natura 2000 y el más rico en Biodiversidad por su situación geoestratégica ubicada entre los continentes europeo y africano. Además, nuestro país alberga el mayor número de Reservas de la Biosfera del Mundo.

La Constitución Española en su artículo 45, establece que todos los españoles tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, expone que los poderes públicos velarán por el uso racional de todos los recursos naturales y establece sanciones penales o administrativas para los que violen lo dispuesto en el apartado anterior. 

La legislación autonómica, nacional, europea e internacional de carácter medioambiental es muy amplia. Tanto que la propia Fiscalía de Medio Ambiente abandonó el empeño de recopilarla cuanto llevaba anotadas unas 20.000 leyes, directivas y disposiciones ambientales. 

Sin embargo, a pesar de esta amplia legislación para regular la protección del medio ambiente, de poco sirve si no se cumple, si no hay un colectivo que ejerza la vigilancia y custodia de la naturaleza. 

En los años 80, con la trasferencia a las CCAA, contaban con 10.000 efectivos, que formaban parte del ICONA (Instituto de Conservación de la Naturaleza). Hoy son apenas 6.000 profesionales en toda España, con una elevada vocación de servicio público y protección de la biodiversidad. 

Es necesario reforzar este colectivo. Nuestro bagaje histórico, la dualidad técnico-policial y el carácter de agente de la autoridad como policía administrativa y judicial indican su papel fundamental en la defensa de la naturaleza, la biodiversidad y el conjunto de la sociedad, en general.