El coordinador de “Tu respuesta sindical” de UGT, Rubén Ranz, ha reclamado “una legislación europea que regule de forma eficiente, justa y suficiente la Inteligencia Artificial”, durante una jornada sobre explotación derivada de la digitalización organizada por la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo

Una ley que, según los informes “Las decisiones algorítmicas en las relaciones laborales” y “Análisis de la Ley europea de Inteligencia Artificial” elaborados por el Servicio de Estudios Confederal (SEC) de UGT, “debe registrar la existencia y actividad de los algoritmos que regulan las relaciones laborales, al objeto de garantizar la trazabilidad de sus resultados; que mitiguen sus riesgos al máximo, evaluando adecuadamente los mismos, asegurando, en todo caso, la seguridad, la precisión y la robustez en su funcionamiento; que los datos que alimentan al sistema algorítmico sean de alta calidad, evitando sesgos y resultados discriminatorios; que se rijan por el principio de transparencia, documentando su propósito, facilitando toda la información sobre su funcionamiento a las autoridades y a las personas trabajadoras; y que sean supervisados por una persona, es decir, un humano estará siempre al final de la cadena decisoria, por encima de los resultados de una máquina”.

Para Rubén Ranz, la necesidad de regulación de estos algoritmos ya se ha puesto de manifiesto con la proliferación de las plataformas digitales, cuyo trabajo “lo organizan los sistemas informáticos y los algoritmos de la empresa. Las personas trabajadoras no pueden elegir sus turnos de trabajo porque existe un sistema que les obliga a estar cuando la empresa los necesita y, sino, te sancionan. Estos algoritmos han impuesto el trabajo a destajo y un sistema de valoración constante que hace que las jornadas sean maratonianas”. 

Las personas deben estar en el centro de los procesos de digitalización

Unas plataformas que han impulsado un sistema de trabajo “impersonal y deshumanizado, donde la empresa siempre va a imponer un modelo basado en la productividad al extremo y en aumentar sus beneficios, aunque sea acosta de los repartidores, algo que hay que desterrar en todos los procesos de Inteligencia Artificial”. Por ello, ha considerado que la Ley Rider “ha venido a solucionar todas estas cuestiones con el objetivo de regular los derechos de las personas trabajadoras de estas plataformas. Ahora, los Comités de Empresa tendrán el derecho de información para conocer cómo se han programado a los algoritmos, con el objetivo de poder evitar estas situaciones de abuso”. 

Sin embargo, Rubén Ranz ha alertado de que, además de los algoritmos, existen otras formas de medir la eficacia de las personas trabajadoras en las empresas, “como los juegos, con el fin de relajarles, conocerles más y que pierdan la perspectiva del tiempo; o las herramientas creadas, por ejemplo, con el teletrabajo, muchas de ellas intrusivas en nuestra vida privada, además de controladoras de nuestra actividad y productividad durante el teletrabajo”. 

Por ello, ha manifestado la necesidad de “estar en alerta constante y denunciar todo este tipo de actividades y maneras de proceder, que deben ser eliminadas de todos los procesos presentes y futuros de Inteligencia Artificial. La experiencia de los sindicatos en las plataformas digitales ha llevado a destapar las diferentes vulneraciones de derechos fundamentales hacia los trabajadores y trabajadoras, como el caso del algoritmo de reconocimiento facial de Uber, que no reconoce las minorías étnicas. La digitalización, sin participación sindical, siempre trae consigo conflictos laborales. Las personas deben estar en el centro de los procesos de digitalización y una regulación adecuada permitirá girar las tendencias empresariales neoliberales hacia los ciudadanos y la participación colectiva”.

► Informe UGT: "Las decisiones algorítmicas en las relaciones laborales"

► Informe UGT: "Análisis de la Ley europea de Inteligencia Artificial"