• Es fundamental que la ley disponga de dotación presupuestaria necesaria para proporcionar asistencia a todas las víctimas, asumiéndola como un servicio público.

• Es preciso exigir que los productos y servicios de las cadenas de subcontratación y suministro, no procedan del trabajo forzoso o de la trata de seres humanos.

• Además, debería crearse un fondo de bienes decomisados para dedicarlo a las actuaciones de prevención, investigación, persecución de estos delitos y asistencia e inserción de las víctimas y penalizar la demanda de bienes o servicios prestados por las víctimas de trata.

Con motivo del Día Mundial contra la trata de personas, la Unión General de Trabajadores quiere recordar que España carece de una regulación adecuada que aborde todas las finalidades de la trata de seres humanos, la protección de sus víctimas y el hecho de que en su gran mayoría son personas migrantes.

Nuestro Código Penal tipifica la trata de seres humanos con fines de trabajo o servicios forzados, esclavitud, servidumbre, explotación sexual, matrimonios forzados, criminalidad forzosa y extracción de órganos. Según los últimos datos disponibles del Ministerio del Interior, en el año 2017 se detectaron 10.111 personas en situación de riesgo de explotación sexual y 12.807 en riesgo de explotación laboral, y recientemente, el Tribunal Supremo ha dictado Sentencia en un caso en el que señala a los clubes de alterne como lugares en los que se comete este delito, obligando a mujeres extranjeras a ejercer la prostitución.

Para la Unión General de Trabajadores no debe haber diferencias en la atención dada a las víctimas de trata, en función de la finalidad. Tampoco en la prevención, lucha y sensibilización de la sociedad. En la actualidad, solo existe un Plan de lucha integral contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y los Presupuestos Generales del Estado únicamente incluyen una partida destinada a la atención de estas víctimas, mediante subvenciones a organizaciones no gubernamentales. Esto puede dejar en riesgo de desprotección a las víctimas del resto de finalidades de la trata y dificultar su detección, así como la persecución y enjuiciamiento. Por otra parte, es precisa una regulación adecuada que, además, afronte la vinculación entre trata de seres humanos y prostitución. 

UGT valora el esfuerzo de instituciones, administraciones y organizaciones en la persecución del delito y en la protección de las víctimas. Pero es una responsabilidad del Gobierno y de todas las fuerzas políticas impulsar los cambios legislativos y las medidas para hacer frente a una conducta delictiva que vulnera derechos humanos de mujeres, hombres, niñas y niños de cualquier nacionalidad. La obligación de cumplir los compromisos del Protocolo 2014 al Convenio de Trabajo Forzoso de la OIT que entró en vigor para nuestro país en septiembre de 2018, es una oportunidad para corregir y avanzar en la lucha contra la trata de seres humanos.

Por todo ello UGT demanda:

- Una Ley integral de lucha contra la trata de seres humanos y la dotación presupuestaria necesaria para proporcionar asistencia a todas las víctimas, con independencia de la finalidad de la trata, y asumiéndola como un servicio público.

- Un Plan integral de lucha contra el trabajo forzoso y la trata con esta finalidad.

- Un Fondo de bienes decomisados por trata de seres humanos y trabajo forzoso para dedicarlo a las actuaciones de prevención, investigación, persecución de estos delitos y asistencia e inserción de las víctimas.

- Penalizar la demanda de bienes o servicios prestados por las víctimas de trata, de trabajo forzoso y reformar los delitos relativos a la prostitución para penalizar demanda, proxenetismo y tercería locativa.

- Exigir la trazabilidad de los productos y servicios en las cadenas de subcontratación y suministro, para asegurar que no proceden del trabajo forzoso o de la trata de seres humanos.