16 dirigentes sindicales de la Centra Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), incluyendo a su Presidente, Diógenes Orjuela, recibieron una grave amenaza de muerte por parte del grupo paramilitar “águilas negras”.

El escrito, que incluye términos ampliamente difundidos por la ultraderecha en todo el mundo como “castro chavismo”, está firmado por la mencionada organización criminal ultraderechista, al servicio de los intereses del narcotráfico y del mantenimiento de la explotación de los campesinos y trabajadores colombianos. Esta inaceptable intimidación no solo amenaza de forma personal a numerosos sindicalistas sino que ataca el ejercicio de derechos democráticos como el derecho a la protesta, la libertad de expresión y la libertad de organización.

Desde UGT apoyamos a nuestros compañeros colombianos, firmes defensores de la construcción de la paz y la justicia social en el país andino, como han demostrado permanentemente en las últimas décadas y, recientemente, con su liderazgo y participación en las diferentes jornadas de protesta y movilización. Este grave hecho se inserta en la preocupante situación de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en Colombia, donde el gobierno Colombiano  se muestra incapaz de garantizar la seguridad y los derechos civiles de sus ciudadanos, además de una evidente falta de compromiso con la implementación integral del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre Colombia y las FARC.

La Unión General de Trabajadores insta al gobierno de España y a la Union Europea a aumentar sus esfuerzos para que el gobierno de Colombia cumpla con su obligación de proteger a todos los ciudadanos colombianos, especialmente a los líderes sociales, que representan uno de los principales objetivos de diferentes grupos paramilitares y mafiosos.

La exigencia de garantía de los Derechos Humanos y de condiciones de vida dignas para toda la población, deben ser condición prioritaria en las relaciones internacionales españolas y europeas y nunca ceder espacio a la llamada diplomacia económica, que tiende a excluir la verdadera promoción de la justicia social y los derechos humanos, en beneficio del mero interés económico de empresas transnacionales.

Colombia es, precisamente, por todo lo mencionado, una buena oportunidad para que los flamantes gobiernos español y europeo desplieguen una política exterior más ambiciosa y valiente, comprometida con la paz, el desarrollo económico con justicia social y el respeto a los derechos humanos.