El Sindicato aboga por medios alternativos de resolución de conflictos en esta materia

La Unión General de Trabajadores, a la espera de conocer el contenido de los fallos, lamenta la decisión del Pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo al fallar a favor de que el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) recaiga sobre la parte más débil (el cliente) y no sobre los bancos o prestamistas, pues son ellos quienes, en la constitución de un préstamo con garantía hipotecaria, los interesados en elevarlo a escritura pública para con ello poder ejercitar la acción ejecutiva y préstamo.

El Sindicato considera que, con estos fallos, se ha dado una imagen muy negativa de la Justicia al aparecer ésta permeable a las exigencias de los grandes poderes económicos de este país. Pensamos que jueces y tribunales, a la hora de impartir justicia, deben decidir en derecho y no ateniéndose a las posibles consecuencias económicas que sus decisiones pudieran acarrear, ya que todo ello conlleva, igualmente, una falta de confianza del ciudadano normal en su Administración de Justicia, puesto que pudiera llevar a pensar que no va a recibir un mismo trato.

UGT entiende que es un buen momento para que el sector financiero reflexione sobre los últimos escándalos del sector (cláusulas suelo, preferentes, etc.), rectifique e intente ganarse ese perdido poder reputacional, puesto que todo ello afecta a la profesionalidad y buen hacer de todos sus trabajadores y trabajadoras, tan depauperados en estos últimos años con una sangría ingente de pérdida de puestos de trabajo: alrededor de 82.000 desde 2008; un tercio de oficinas cerradas a nivel de Europa son de nuestro país y concretamente 563 en lo que llevamos de 2018.

Es por ello que desde UGT abogamos por medios alternativos de resolución de conflictos en esta materia, con métodos ágiles que protejan de manera eficaz los derechos de consumidores y usuarios y con decisiones vinculantes, al igual que ocurre en países de nuestro entorno, dada la poca eficacia que poseen los actuales reguladores (Banco de España y la Comisión del Mercado de Valores), lo cual aboca a los consumidores a que tengan que emprender acciones judiciales.

Entendemos importante y por ello urgimos a nuestros legisladores para que legislen en la futura Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario (más conocida como Ley Hipotecaria) una normativa más garantista, con mayor seguridad jurídica en el sector, con especial protección a la parte más débil: el consumidor.

► Audio valoración de la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo, y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, sobre el fallo del Tribunal Supremo sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentales

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