El día 29 de febrero entra en vigor para España el Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Pese a los avances legislativos, esta actividad de mujeres, más de la mitad de ellas migrantes, sigue marcada por la precariedad de las condiciones de empleo, la no equiparación con el resto de trabajadoras y trabajadores y la utilización de esta actividad para afrontar necesidades sociales que deberían estar cubiertas por las administraciones en forma de gasto en protección social que atendiera las necesidades de cuidados. 

UGT recuerda que, a 1 de enero de 2024, había un total de 370.688 personas afiliadas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar, el 96% mujeres. El 2% de las mujeres de nacionalidad española y el 14% de las mujeres de nacionalidad extranjera afiliadas a la Seguridad Social, lo están a este Sistema Especial. Esta actividad tiene el porcentaje más alto de trabajo a tiempo parcial, el 52,8%, y el salario medio bruto mensual más bajo, 981 euros. Un trabajo que, en muchos casos, se desarrolla de manera irregular y donde perviven situaciones que son inconcebibles en el siglo XXI, como las más extremas formas de trabajo interno o la preeminencia de la relación de confianza sobre los derechos y obligaciones que marcan una relación laboral. Junto a esto, la preocupante realidad de que, en el año 2022, según la memoria de la Fiscalía General del Estado se abrieran 6 diligencias de seguimiento por delito de trata de seres humanos en el sector de trabajo doméstico. 

Sin perjuicio de que el Real Decreto Ley 16/2022 supusiera un gran avance en el sentido de reconocer el derecho a cotizar y percibir la prestación por desempleo o la desaparición, al menos nominalmente, de la forma de extinción del contrato del desistimiento, UGT denuncia que siguen perviviendo elementos que configuran una situación de precariedad. La inclusión de esta actividad en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales sigue, casi un año y medio después, sin el desarrollo reglamentario que debe concretarla. Y, pese a la preocupación generalizada de las administraciones públicas por los cuidados, éstas siguen sin asumir su responsabilidad en la cobertura de las necesidades sociales mediante cuidados profesionalizados bajo una relación laboral común o de empleo público. 

Con la entrada en vigor del Convenio 189, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores considera imprescindible que el Gobierno proceda a abrir una mesa de Diálogo Social para poner en práctica tanto sus disposiciones como otras cuestiones pendientes, en consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. 
Por ello, UGT quiere abordar el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable, desarrollando reglamentariamente las previsiones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; la intervención y actuación de las agencias de colocación y plataformas digitales en este sector; medidas relativas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia; la utilización de la relación laboral especial para cubrir trabajos profesionalizados que deben ser objeto de una relación laboral común; el trabajo interno y la limitación de las horas de presencia; o la evaluación de las bonificaciones a la parte empleadora en la cotización al Sistema Especial de Empleados de hogar que el Real Decreto Ley 16/2022 prevé para octubre de este año, entre otras cuestiones.