La ILP para una prestación de ingresos mínimos, presentada conjuntamente con CCOO, lleva bloqueada más de dos años

La Unión General de Trabajadores valora los pasados iniciados en el Congreso de los Diputados para acabar con algunas tácticas parlamentarias que provocan la paralización de iniciativas legislativas que, en algunas ocasiones, son el resultado de la implicación y el esfuerzo de miles de ciudadanos y ciudadanas, como es el caso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social, presentada en julio de 2016 por UGT y CCOO, y que todavía hoy sigue varada en el Congreso; al igual que sucede con la Proposición de Ley de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, una medida para empezar a revertir la reforma laboral de 2012 en aspectos básicos, que fue presentada en agosto de 2016 por el Grupo Socialista.

UGT confía en que el primer paso dado esta semana por el Pleno en esta dirección, con la aprobación por 178 votos a favor y 163 en contra de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre limitación de las prórrogas de plazos de enmiendas a las iniciativas legislativas, del Grupo Parlamentario Socialista, tenga continuidad hasta su aprobación definitiva.

La ILP presenta por UGT y CCOO (tramitada hoy como proposición de ley 120/000002) tuvo hasta veinte ampliaciones del plazo para la presentación de enmiendas, lo que dilató el debate para la toma en consideración por el Pleno hasta febrero de 2017, y que todavía hoy está pendiente de informe por la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, de quien depende su aprobación con competencia legislativa plena.

El objetivo de esa ILP era rescatar a las personas a las que la crisis económica y las nefastas medidas políticas adoptadas para afrontarla habían dejado sin empleo, sin prestaciones, sin subsidios, y sin recursos para la subsistencia; una iniciativa que sigue siendo necesaria a día de hoy en un país con una tasa de paro que duplica la media de la UE, y una precariedad laboral que no garantiza recursos suficientes para los gastos básicos a muchos trabajadores y trabajadoras. Han sido los trabajadores con menores rentas los que han sufrido, en mayor medida, la caída de los salarios, contribuyendo a generar un incremento de los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social (el 27,9% y de casi el 29% en el caso de menores de 16 años). El 48,5% de las personas en situación de desempleo está en riego de pobreza, y el 14,1% de los ocupados. España es el tercer país de la Unión Europea con mayor porcentaje de trabajadores pobres, solo por detrás de Rumanía y Grecia.

En definitiva, la devaluación salarial, el alto nivel de desempleo, la elevada precariedad del empleo creado y el recorte de las prestaciones sociales han provocado un aumento de los niveles de pobreza y de exclusión social y un incremento de las desigualdades, que no remite con el crecimiento económico.

Artículo 42.1 del ET

Hay otras medidas afectadas por esas tácticas de bloqueo parlamentario que supondrían avances sustanciales para la ciudadanía, como la Proposición de ley para la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, la que pretende reformar el Estatuto de los Trabajadores para hacer obligatorio el registro diario de la jornada laboral, o la reforma de la Ley de Dependencia. Para UGT es especialmente relevante el larguísimo recorrido parlamentario impuesto a la Proposición de Ley de modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados; una medida para empezar a revertir la reforma laboral de 2012 en aspectos básicos, que fue presentada en agosto de 2016 por el Grupo Socialista, bloqueada por Gobierno durante meses, y que todavía hoy sigue sin ser ni aprobada ni rechazada, pendiente de informe en la Comisión de Trabajo del Congreso.