​El Secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, y el Secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, enviaron ayer una carta a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en la que le adjuntan las observaciones de ambas organizaciones sobre el incumplimiento de la obligación de consulta, del proyecto de Real Decreto por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2017. La subida del SMI propuesta para 2017, es insuficiente y no es coherente con el escenario de recuperación de la economía que ofrece el Gobierno.

Ambos sindicatos reclaman que el SMI sea de 800 euros en 2017 y alcance al final de la legislatura, en torno a los 1.000 euros, de forma que se aproxime al 60% del salario medio neto, tal y como establece la Carta Social Europea, suscrita por España. Asimismo, demandan negociar la reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para asentar sobre nuevas bases la determinación anual del SMI, con el fin de evitar que se produzcan futuras pérdidas de su poder adquisitivo.

Trasladamos el texto íntegro de la carta:

En relación al Proyecto de Real Decreto por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2017, enviado a nuestras organizaciones el 5 de diciembre de 2016, le comunicamos nuestro absoluto desacuerdo con el borrador emitido.

La propuesta del Gobierno perpetúa una política de devaluación salarial y de austeridad fiscal. El SMI ha sufrido una importante pérdida de poder de compra desde 2010. Desde entonces, la pérdida acumulada de poder adquisitivo del SMI ha sido de 2,7 puntos y en los últimos cinco años las subidas nominales del SMI han sido misérrimas para los trabajadores: acumuladas no alcanzan los catorce euros.
La subida del SMI propuesta para 2017, un incremento del SMI del 8% pasando de 655,2 €/mes a 707,7 €/mes es insuficiente, ya que no es coherente con el escenario de recuperación de la economía que ofrece el Gobierno, teniendo en cuenta que España es la quinta economía zona euro y que un 28,6% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social, según indica la Estrategia Europa 2020, casi cinco puntos superior a las cifras de 2008.

Es más, la cuantía del SMI debe analizarse en relación con el objetivo que establece la Carta Social Europea, una declaración que compromete a los gobiernos firmantes, y que este Gobierno ignora. La Carta Social reconoce: “que todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso”. Un salario justo no debe ser inferior, según el Consejo de Europa, al 60% del salario neto medio del país. El SMI de nuestro país es apenas un 34,1% del salario neto medio.

Para que la recuperación llegue a todas y todos los trabajadores debe trasladarse a los salarios.

En este sentido, en la carta que el 28 de noviembre de 2016 enviamos a su Ministerio reclamábamos incrementar su cuantía a 800 euros para 2017.

Su respuesta ha ignorado el Diálogo Social al presentarnos una propuesta ya pactada con el PSOE que, además, ha ignorado la propuesta de Ley aprobada el 22 de noviembre del Congreso de los Diputados.

Esto supone que el Gobierno ha decidido incumplir tanto el procedimiento (y en democracia el respeto a los procedimientos es algo básico), como los criterios para fijar el incremento del SMI que están señalados en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Resulta un insulto a los trabajadores el incumplimiento de esta normativa, más cuando este Gobierno se jacta en otros ámbitos por reclamar el cumplimiento estricto de la ley.

Se ha incumplido la obligatoriedad de realizar consultas previas a su fijación con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. Volvemos a recordar que con fecha de 28 de noviembre de 2016 las organizaciones sindicales CCOO y UGT enviamos a la Ministra de Empleo y Seguridad Social un documento conjunto en el que planteamos nuestra propuesta de fijación del SMI para 2017.

Por eso, a la luz del importante papel que juega el SMI, UGT y CCOO proponen incrementar su cuantía a 800 euros en 2017. Con el objetivo de que al final de la legislatura (en 2020) el SMI se sitúe en torno a los 1.000 euros, de forma que se aproxime al 60% del salario medio neto.

Asimismo, es preciso negociar la reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para asentar sobre nuevas bases la determinación anual del SMI, en línea con la mencionada proposición de ley aprobada, con el fin de evitar que se produzcan futuras pérdidas de su poder adquisitivo.

Adjuntamos observaciones conjuntas, sobre el incumplimiento de la obligación de consulta, del proyecto de Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017.