​UGT y CCOO expresan su asombro por las propuestas de CEOE al Plan Nacional de Reformas, que se han conocido hoy por la prensa. Su contenido transmite un perfil de una política ineficiente que basa la competitividad en la precariedad en el empleo, con un diagnóstico profundamente equivocado de los problemas y sin una estrategia -más allá de pobres intereses particulares- para resolverlos y atender los retos a los que se enfrenta el país (desempleo, escaso valor añadido de nuestras producción, desindustrialización, dependencia energética y en materias primas, desigualdad,…).

Reivindicar, a estas alturas, el contrato de fomento del empleo que, a mediados de los ochenta, sirvió como espoleta para extender como una mancha de aceite la temporalidad laboral a todos los sectores y empresas, es, cuando menos, una propuesta absurda y temeraria. Supone consagrar definitivamente la dualidad de nuestro mercado laboral. Es hacer abstracción de sus graves consecuencias en la vida de las personas y en la calidad de las empresas. La inestabilidad del empleo se traduce en peores empresas, empleos con salarios bajos, más accidentes de trabajo, menos productividad. En la misma línea está recuperar el encadenamiento de contratos temporales o eliminar la causalidad de los contratos eventual y de obra o servicio, cuyo carácter debe ser excepcional en la contratación empresarial y no habitual como pretende ahora la patronal. Llueve sobre mojado, el Gobierno, con su reforma de 2012, ya avanzó en la descausalización de la contratación temporal con el contrato de primer empleo, que puede cubrir actividades permanente, e hizo inestable la contratación indefinida, rebajando la indemnización, haciendo más endebles los motivos para un despido procedente y creando el contrato de emprendedores, con un período de prueba de un año, durante el cual se puede despedir sin indemnización y sin justificación de ningún tipo.

La patronal también aboga por el fomento –aún más- de las modalidades de contrato a tiempo parcial que, tras la reforma de 2013, se ha convertido en un contrato de plena disponibilidad, donde ya no es posible conciliar las necesidades de flexibilidad en el tiempo de trabajo de las empresas, con la vida personal del trabajador o la trabajadora. El preaviso para cambiar la jornada se redujo de 7 a 3 días y el volumen de horas complementarias se amplió del 15% al 30% de la jornada ordinaria, pudiendo alcanzar el 60% si así se establece en la negociación colectiva. 

Todo ello ha hecho del contrato a tiempo parcial la principal vía de precarización del empleo, promocionándolo como un contrato ultraflexible y barato, que los trabajadores se ven obligados a aceptar como sustituto de un contrato a tiempo completo, y con peores condiciones. El fomento del contrato a tiempo parcial –junto a la devaluación salarial- está detrás del aumento del número de trabajadores pobres. El 64% de los trabajadores bajo esta modalidad declaran que trabajan a tiempo parcial por no haber encontrado un trabajo a tiempo completo. Su aumento tiene que ver más con el reparto y la precarización del trabajo, que con una aproximación al modelo europeo que  permite conciliar la vida laboral y personal.

Con relación a los contratos para la formación y aprendizaje y en prácticas, las propuestas de CEOE vuelven a dejar en evidencia que lo que pretende simplemente es ampliar el abanico de contratos baratos y descausalizados.

El contrato para la formación es una figura diseñada para que los trabajadores menores de 25 años (menores de 30 hasta que la tasa de paro no baje del 15%) simultaneen la práctica laboral con la educación reglada, completando su formación durante una parte de su jornada laboral. El contrato en prácticas busca que los trabajadores con estudios medios o superiores ejerzan la práctica profesional adecuada a esos estudios. En ambos casos, por tanto, lo importante es su capacidad específica para compatibilizar formación y trabajo y generar experiencia laboral, respectivamente. 

Por eso, ambos contratos conllevan salarios que priorizan su función de inserción y capacitación: el de formación es proporcional al tiempo efectivo dedicado a trabajo, con la referencia del salario mínimo interprofesional; el de prácticas puede ser del 60% o 75% (primer y segundo año respectivamente) del salario de convenio para un trabajador que desempeñe un puesto equivalente. Además, las dos figuras se benefician en la actualidad de importantes ayudas y bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, de hasta el 100%. En definitiva, los dos suponen un salario para el trabajador y un coste laboral para el empresario muy reducidos. Adicionalmente, la posibilidad de llevar a cabo la formación teórica a distancia en el contrato de aprendizaje ha devaluado su contenido formativo y ampliado sus posibilidades de uso fraudulento.

Pese a todo ello, CEOE pide una mayor flexibilidad de su jornada y menores salarios. En el caso del contrato de formación eso prácticamente supondría la eliminación de su parte formativa, y en el de ambas figuras, los cambios propuestos les acercan más a un programa de prácticas no laborales y sin retribución, al margen de los convenios. En definitiva, trabajo joven, acausal y barato. 

En cuanto a los salarios, CEOE dice apostar por un “moderado crecimiento de los salarios”, que sin embargo fía esencialmente a la existencia de una baja inflación. Resulta paradójico que la patronal mencione como referencia los acuerdos interconfederales firmados desde 2002 como ejemplo de política salarial moderada, cuando entonces las referencias compartidas por todos los firmantes (UGT, CCOO, CEOE y CEPYME) eran las previsiones de inflación y productividad, incluyendo cláusulas de garantía salarial para el caso de que los precios se desviaran por encima de la previsión. 

Ahora, sin embargo, la patronal parece haber cambiado de criterios. Ya no parece interesada en que los salarios crezcan teniendo en cuenta la productividad (como por otro lado recomiendan la inmensa mayoría de expertos y organismos nacionales e internacionales), sino que está proponiendo dígitos a tanto alzado, sin ninguna base económica. Parece que CEOE no ha entendido que no se puede plantear en una etapa de crecimiento económico una política salarial igual que una etapa de recesión y crisis como la que hemos atravesado desde 2009. 

Propone también CEOE una rebaja de cotizaciones sociales. Esta medida es innecesaria, falaz y peligrosa. Es innecesaria porque las empresas españolas no necesitan una rebaja de cotizaciones para ser más competitivas, ya que los costes laborales en España son inferiores a la media de la zona euro (21,1 euros/hora frente a 28,2). Además, su competitividad vía costes no ha dejado de crecer desde 2009 con relación a nuestros socios europeos: los costes laborales unitarios han caído en España 7,3 puntos porcentuales de 2009 a 2013, mientras que en la zona euro han aumentado 3,3 puntos. No se encuentran en los costes laborales los problemas competitivos de nuestras empresas, sino en los costes de otros factores como la energía, en la falta de competencia de algunos mercados que actúan como oligopolios para fijar precios, o en la escasa dotación tecnológica de muchas actividades, entre otras cuestiones. 

Es también una medida falaz, porque una rebaja generalizada de cotizaciones no promueve una mayor generación de empleo, al menos de manera permanente. Si bien puede ser una medida interesante si se aplica de manera puntual y circunscrita a algún colectivo muy específico de trabajadores (por ejemplo, parados de larga duración con escasa cualificación), su aplicación de manera indiscriminada elimina todo su potencial.

Y es una medida peligrosa, porque implicaría un coste muy elevado que las arcas de la Seguridad Social no se pueden permitir. No es cierto que la caída de cotización individual se compense con el aumento de ocupados. Nuestro país tiene un déficit en la Seguridad Social de en torno a 10.000 millones de euros, y no puede permitirse experimentos que pongan en riesgo su viabilidad. Salvo que sea eso lo que realmente desee CEOE, para provocar un mayor agujero recaudatorio en el sistema de protección social español y dar entrada forzosa a las entidades privadas, trasladando un mayor coste a los ciudadanos. 

En cuanto a las pensiones, CEOE propone una nueva reforma, que aunque no explicita, parece apuntar a un nuevo recorte de las cuantías de las pensiones públicas, mientras plantea incentivar las aportaciones a sistemas privados. Estas actuaciones se han demostrado profundamente regresivas, en la medida que esas ayudas fiscales favorecen sobre todo a quienes mayores rentas y son capaces de dedicar importante sumas a los planes alternativos, mientras que la inmensa mayoría de contribuyentes no pueden beneficiarse porque sencillamente no pueden dedicar prácticamente nada de sus ingresos a ello. Sin decirlo, CEOE apunta a un sistema público de pensiones de mínimos, con cuantías de subsistencia, mientras se promociona un sistema alternativo privado que beneficiaría únicamente a quienes disponen de mayor renta.​