​Ambos sindicatos han enviado a las organizaciones empresariales una carta instando a convocar de manera inmediata la Comisión de seguimiento del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y un documento con propuestas para negociar tanto los contenidos pendientes de este AENC como nuevos aspectos, ya consensuados, y desarrollar conjuntamente un auténtico diálogo social.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, han enviado una carta a los presidentes de CEOE y CEPYME, Juan Rosell y Antonio Garamendi, para afrontar, en primer lugar, los temas pendientes de desarrollar en el III AENC, como la determinación del incremento salarial para 2017 y la continuidad del grupo de trabajo de igualdad de trato y oportunidades. Para ello, Álvarez y Toxo instan a la convocatoria inmediata de la Comisión de seguimiento del III AENC.

Una vez solventados estos temas, UGT y CCOO comparten la necesidad de reforzar el diálogo social y la participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales, superando el déficit de la legislatura anterior, y consideran que las organizaciones responsables de la negociación colectiva tienen la obligación de preservarla, defendiendo la autonomía de las partes frente a injerencias externas y protegiendo la fuerza vinculante de lo pactado libremente.

En un documento conjunto remitido con la carta, las organizaciones sindicales proponen las materias a abordar en un nuevo Acuerdo interprofesional de ámbito confederal:

- Marco legal de la negociación colectiva. Garantizar y reforzar la fuerza vinculante del convenio colectivo, su eficacia y su permanencia hasta su sustitución por otro para dotar de seguridad jurídica a las relaciones laborales y mercado de trabajo.

- Marco legal de la relación laboral, individual y colectiva. Medidas para reducir la temporalidad contractual; modificar el régimen del contrato a tiempo parcial y de fijos discontinuos, aclarando las prestaciones sociales y el régimen jurídico de cada uno de estos contratos; garantizar a los becarios una contratación laboral con derechos. Abordar también la reordenación del régimen jurídico de la extinción del contrato, asegurando la protección real y efectiva ante los despidos ilegales o sin justificaciones suficientes; tratar el problema de la descentralización productiva, que con la proliferación de las empresas multiservicios ha conllevado una merma de las condiciones laborales de los trabajadores; revisar la actual regulación de la flexibilidad interna, de forma que sirva para evitar la flexibilidad externa sin por ello convertirse en instrumento de desregulación de las condiciones de trabajo.

- Salario mínimo interprofesional. Su papel en el mercado laboral es esencial como garante de un suelo de retribución digno, generando efectos positivos tanto en términos sociales como de eficiencia económica. Para ello, su cuantía debe estar en consonancia con el nivel de riqueza del país y con las recomendaciones de retribución justa emanadas de la Carta Social Europea.

- Políticas activas de empleo. Es preciso poner en marcha, con carácter inmediato, un Plan de Choque por el Empleo

- Igualdad de trato y no discriminación. La desigualdad laboral entre trabajadoras y trabajadores se ha incrementado durante los años de la crisis. Para paliar esta situación es necesario establecer medidas como: negociar medidas y planes de igualdad en las empresas; promover la erradicación de las prácticas discriminatorias hacia las mujeres; reclamar un compromiso legislativo de ampliación progresiva del permiso de paternidad hasta equipararlo con el de maternidad; proponer procedimientos y medidas de actuación para prevenir y erradicar cualquier tipo de acoso.

- Prevención de riesgos laborales. Desarrollar los Planes de Acción de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020; promover una regulación normativa de calificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que permita una adecuada planificación de las políticas públicas y empresariales de prevención de riesgos laborales; crear la figura del delegado de prevención territorial o sectorial, que pueda acceder al control de las condiciones de trabajo en pequeñas y muy pequeñas empresas con las mismas competencias y garantías que determina la LPRL para los delegados de prevención.

- Derechos de información, coordinación y participación de los trabajadores, RLT y organizaciones sindicales.

- Ley de participación institucional de organizaciones sindicales y empresariales. Promover una ley de financiación de la función socioeconómica, reconocida en la Constitución, que realizan las organizaciones sindicales y empresariales.