El próximo 15 de abril será el último día para que las personas en situación de desempleo puedan presentar la solicitud de incorporación al Programa de Activación para el Empleo (PAE), salvo que el Gobierno en funciones decida dar continuidad al mismo. 

Los sindicatos exigen al Ejecutivo que cumpla con su compromiso y convoque a los interlocutores sociales, tal y como está regulado.

El Real Decreto – ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo, indica (disposición adicional tercera) que se procederá a una evaluación conjunta del mismo -entre Ministerio de Empleo y Seguridad Social, comunidades autónomas e interlocutores sociales- tres meses antes de la finalización de su vigencia. A un mes de esta fecha, los interlocutores sociales seguimos esperando la convocatoria del Gobierno en funciones.

El PAE, derivado del Acuerdo del 29 de julio de 2014, firmado entre el Gobierno y los interlocutores sociales el 15 de diciembre de 2014, recogía parcialmente nuestra reivindicación sindical para proteger mejor a las personas en desempleo con mayores dificultades de inserción.

En febrero de 2015 se recogían las primeras cifras de resultados: 8.478 beneficiarios de la ayuda de 426 € mensuales. Un número que se eleva a un máximo de 56.573 personas a finales de julio de 2015, pero que en agosto (después de los primeros seis meses de funcionamiento en que los primeros perceptores agotaban la ayuda) empieza a reducirse. 

Entre febrero de 2015 y enero de 2016, el número de beneficiarios que ha atendido el PAE se sitúa en torno a 100.000 personas, un volumen claramente insuficiente ante las estimaciones del propio Ministerio de atender a más de 400.000 potenciales beneficiarios. 

Recordemos que de la dotación de 850 millones de euros presupuestados para 2015, se ejecutó menos del 19% (160 millones de euros), dejando un remanente cercano a 700 millones. Para 2016, del presupuesto de 350 millones, sólo se ha ejecutado (con datos a 29 de febrero) un 6,3%, mostrando la misma evolución que el pasado ejercicio. 

Desde el comienzo de su andadura, las organizaciones sindicales hemos exigido información detallada sobre el desarrollo del programa, hemos detectado una aplicación restrictiva del mismo, hemos conseguido la modificación de algunos requisitos que dificultaban el acceso y hemos estado llamando la atención al gobierno sobre el escaso alcance que estaba teniendo y algunas de sus causas. 

Por ello, entre otros requerimientos y manifestaciones públicas, el 4 de septiembre de 2015, seis meses atrás, CCOO y UGT remitíamos una carta al recién nombrado Secretario de Estado de Empleo. En ella planteábamos propuestas concretas de mejora del PAE, basadas en las modificaciones de los criterios de acceso, que la realidad muestra que, como se ha dicho, han sido claramente restrictivos y en la necesidad de informar a los posibles beneficiarios sobre la existencia del programa. No hemos obtenido respuesta a las propuestas sindicales.

Prueba de ello es el mantenimiento de la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo en mínimos históricos, un 55%; 2,6 millones de personas que llevan en desempleo más de 1 año y una tasa de paro de muy larga duración en máximos del 44,4%.

Además del alcance limitado en cuanto a beneficiarios del programa, alrededor de 100.000, un número relevante, pero inferior a los inicialmente previstos y señalados como objetivo de este instrumento de ampliación de cobertura de protección social; carecemos de información sobre los itinerarios de inserción y las políticas activas que deberían acompañar a la ayuda económica.

La información de la que disponemos señala en torno a un 15% de inserción, unos 14.000 beneficiarios se habrían colocado hasta el mes de enero por cuenta ajena, pero a fecha de hoy no existe información sobre los resultados alcanzados. Una evaluación a la que se comprometió el gobierno (y queda estipulado en el RDL) tras los primeros seis meses de funcionamiento, con un análisis que nos permitiría identificar sus problemas y déficits, de cara a determinar conjuntamente, con los interlocutores sociales, la necesidad de articular su continuidad. 

Por ello, el Gobierno debe convocar cuanto antes a los interlocutores sociales, con el fin de analizar el funcionamiento, las mejoras necesarias y el futuro del PAE.